Esta área protegida se ubica en el Caribe Sur, y su gestión ha estado en medio de cuestionamientos políticos y ambientales.
En menos de 24 horas, dos instituciones públicas se han pronunciado negativamente sobre el manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
Esta área protegida se ubica en el Caribe Sur, y su gestión ha estado en medio de cuestionamientos políticos y ambientales por aparentes talas irregulares y otorgamientos de permisos en zonas de resguardo.
Este miércoles, la Sala Constitucional declaró inconstitucional uno de tres instrumentos oficiales vinculados a la gestión ambiental en la zona, por una presunta vulneración al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otros principios del derecho ambiental.
“La Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad en la que se impugnaban varias disposiciones relacionadas con el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo; concretamente, declaró con lugar la acción por mayoría en relación con el Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre; en relación con el Plan Regulador declaró sin lugar la acción, porque todavía no existe; en relación con el Plan de Manejo la Sala lo mantiene vigente por un año, con el fin de evitar graves lesiones al medio ambiente y dentro de ese plazo las autoridades competentes deberán introducir las variables ambientales relacionadas con la zona boscosa y los humedales, de no introducirse estas variables, concluido el plazo que se le da, inmediatamente se estaría expulsando ese Plan de Manejo del ordenamiento jurídico”, explicó el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República (CGR) emitió este jueves un informe de auditoría a la Municipalidad de Talamanca, respecto de la gestión de otorgamiento de licencias de construcción y el ordenamiento territorial en la zona urbana de ese cantón.
Según el órgano contralor, se encontraron diferentes falencias, como la ausencia de planificación territorial, la autorización de permisos sin verificar el cumplimiento de requisitos legales, y la falta de control sobre la ejecución de las obras, lo cual no cumple con el marco normativo y técnico aplicable.
“Se otorgaron 1426 permisos de construcción entre los años 2023 y 2024 sin contar con un plan regulador y sin aplicar la normativa de uso de suelo exigida; también 405 permisos de construcción fueron gestionados posterior a la clausura de obras iniciadas sin autorización y sin cumplir íntegramente con los requisitos establecidos; además, 27 de 36 obras fueron construidas en el 2024 sin permisos de construcción ni plano constructivo, ocasionando pérdidas sobre la recaudación del impuesto a las construcciones”, detalló Vivian Garbanzo, gerente de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría.
“Durante los años 2023 y 2024 se tramitaron 220 solicitudes de permisos de construcción directamente en las oficinas de la Municipalidad, sin utilizar la plataforma digital administradora de proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; finalmente la municipalidad cuenta con herramientas tecnológicas como tablets, drones y GPS y sistemas de información para realizar las inspecciones respectivas, sin embargo, estos dispositivos no son utilizados por la municipalidad; ante estos resultados se emitieron una serie de disposiciones para corregir lo determinado”, agregó.
Columbia solicitó criterio tanto al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) como a la Municipalidad de Talamanca.
Hasta este momento, solo el MINAE se ha pronunciado vía comunicado de prensa, en el que señaló:
“El MINAE es respetuoso de la acción de inconstitucionalidad y acatará la sentencia. Sin embargo, aclara que tal y como lo indica el Voto, no se está anulando el Plan de Manejo, sino que se le otorga un plazo definido al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para realizar una serie de tareas para la mejora de la herramienta”.
A criterio del profesor de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, Luis Diego Alfaro, una inadecuada gestión puede tener un grave impacto ambiental en el Refugio.
“En una zona como tal, de su belleza escénica, de su fragilidad ambiental en la zona del Caribe Sur, marino costera, propensa al tema de huracanes, tormentas, inundaciones, etcétera, creo que no sería muy adecuado tener este tipo de desarrollo urbanístico, debería ser un poquito más conservador, por la fragilidad del Refugio”, mencionó.
El experto recordó que en el Refugio se resguardan manglares, pantanos, bosques y arrecifes de valor único, donde hay una gran cantidad de especies de flora y fauna, como el manatí (símbolo nacional), monos, felinos y anfibios, además de sábalos y ostión de manglar.
