La presidenta electa señaló en entrevista internacional que el país enfrenta una crisis de impunidad y planteó aumentar penas y reformar códigos penales; desde la Defensa Pública y especialistas en seguridad cuestionan sus afirmaciones.
La presidenta electa de la República, Laura Fernández, aseguró en entrevista con la cadena internacional Fox Noticias que Costa Rica enfrenta una creciente ola de violencia y una “crisis de impunidad”, situación que —según afirmó— se ve agravada por un modelo garantista en el sistema judicial.
Fernández sostuvo que, aunque desde el Poder Ejecutivo se han realizado esfuerzos para combatir el crimen organizado, existen “vicios en los procesos judiciales” que permiten que personas detenidas sean liberadas con facilidad.
“El país está enfrentando una crisis de impunidad donde los cuerpos de policía arrestan a los delincuentes, pero estos son liberados con facilidad”, afirmó. Añadió que impulsará una política de “mano dura” contra el crimen organizado, incluyendo el aumento de penas para delitos que atentan contra la vida y reformas a varios cuerpos normativos, entre ellos el Código Penal y el Código Penal Juvenil.
La mandataria electa también adelantó que promoverá una “reforma profunda” al Poder Judicial con el respaldo de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, compuesta por 31 congresistas.
Asimismo, destacó proyectos que dejaría encaminados la actual administración del presidente Rodrigo Chaves, como la construcción de una cárcel de máxima contención y un centro de mando y control C7, orientado a fortalecer la vigilancia y el combate al crimen.
Cuestionamientos desde la Defensa Pública
Por su parte, el secretario general del Sindicato de la Defensa Pública, Hugo Solís, señaló que en las declaraciones de la presidenta electa se evidencia un “desconocimiento conceptual” sobre las competencias de los poderes del Estado.
Solís recordó que la prevención del delito corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que al Poder Judicial le compete administrar justicia, respetando principios como la presunción de inocencia, la legalidad y los estándares de derechos humanos.
“El Poder Judicial no tiene solo la obligación de condenar, como si fuera una cuestión mecánica”, afirmó, al tiempo que insistió en que la función judicial implica también establecer límites al poder punitivo del Estado.
En cuanto al ámbito penal juvenil, subrayó que la finalidad de la sanción es socioeducativa y no meramente punitiva.
Escáneres y control en puertos
La experta en seguridad y criminóloga Tania Molina también reaccionó a las declaraciones de Fernández, particularmente sobre el uso de escáneres y el control en puertos.
Molina indicó que, aunque el país cuenta con escáneres, estos no operan al 100%. Señaló que en el puerto de Caldera el equipo instalado aún no funciona plenamente, pese a que ya se realizaron obras e incluso actos inaugurales.
Además, advirtió que continúan llegando a Europa cargamentos contaminados con droga provenientes de Limón, lo que evidencia —según dijo— la necesidad de fortalecer los procesos de perfilación y los controles operativos.
La especialista enfatizó que las acciones contra el crimen organizado deben abordarse de manera integral y coordinada entre instituciones, y no como medidas aisladas.
