La Comisión de la Provincia de Alajuela ya dictaminó el proyecto de ley para regular la exploración y explotación de minería a cielo abierto en la zona.
La Comisión de la Provincia de Alajuela dictaminó este miércoles el proyecto de “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos” (exp. 24.717), de autoría del Poder Ejecutivo.
La iniciativa habilita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a otorgar permisos de exploración y concesiones para la explotación de metales en la zona, y se establece una obligación para el concesionario de entregar, al menos, un 5% de las ventas anuales en favor del Estado.
El dictamen contó con el voto afirmativo de ocho legisladores: los liberacionistas José Joaquín Hernández y Monserrat Ruiz; los neorepublicanos José Pablo Sibaja y Olga Morera; el socialcristiano Leslye Bojorges; el oficialista Jorge Rojas y los independientes Luis Diego Vargas y María Marta Padilla.
Las voces
El liberacionista José Joaquín Hernández calificó el dictamen como un gran paso para buscar soluciones a la situación en Crucitas.
“En Crucitas hay daño ambiental, hay problemas sociales y hay un daño económico por el robo y la extracción ilegal que se está dando, entonces esta me parece que es una buena propuesta de por lo menos presentar una alternativa, que a todas luces estará teniendo su debate en su momento”, comentó.
El presidente de la Comisión, el neorepublicano José Pablo Sibaja, se mostró satisfecho con el dictamen, pues considera que la iniciativa ayudaría a generar empleo en la zona, además de recursos para el Estado y protección del ambiente.
Por su parte, su compañera de bancada, la diputada Olga Morera, manifestó que el proyecto garantizará mayor seguridad y desarrollo en la zona.
“Vamos a poder llevar paz a la gente, vamos a poder llevar seguridad a la gente, está pensado por la gente, poder darle una solución era lo que buscábamos desde la Asamblea Legislativa y ya el proyecto camina hacia el Plenario en busca de una solución país, en busca de que los recursos de Crucitas no se los sigan robando, pero que la gente pueda tener también un mayor desarrollo, que pueda haber más empleo, que pueda haber una mejor salud, que pueda haber mejores condiciones en los caminos”, apuntó.
Para el oficialista Jorge Rojas, la iniciativa permitirá detener el daño ambiental, la migración ilegal, la minería ilegal, el avance del crimen organizado en la zona y recuperar la tranquilidad.
“Estas comunidades por años abandonadas tendrán la posibilidad de mejorar en infraestructura educativa, servicios de salud, agua potable, vialidad, turismo y desarrollo de sus propias actividades”, dijo.
Por el contrario, la representante del Frente Amplio en la Comisión, Priscilla Vindas, rechazó la propuesta por considerarla nociva para el ambiente y con deficiencias en el procedimiento de subasta de concesiones.
La legisladora presentó una alternativa al proyecto dictaminado, denominada “Ley para la Recuperación Sostenible de Crucitas y la Creación del Polo de Desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica” (exp. 24.675), que considera la más adecuada para atender la situación en la zona.
Para la legisladora, las problemáticas en la zona no necesariamente serán atendidas con el proyecto de ley.
“Estamos a la par de un corredor biológico que es la Reserva Indio Maíz y también de nuestro lado de la frontera tenemos una biodiversidad importante que tenemos que proteger y no únicamente el tema de biodiversidad, sino que al eliminar estos dos cerros también deja a la comunidad desprotegida, porque estos actúan ante eventos climatológicos como barreras naturales; y aquí también hay que ser enfáticos en que el Gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de no únicamente proteger las fronteras y la soberanía nacional, sino de garantizar seguridad para la comunidad, y esto lo pudo haber hecho con o sin proyecto de ley”, expresó.
Desde la Municipalidad de San Carlos celebraron el avance del proyecto de ley, en voz de su alcalde, Juan Diego González, debido a la presencia de problemáticas como el daño ambiental y contaminación, la pérdida de vidas producto de la extracción ilegal, afectaciones en la salud e inseguridad.
El jerarca sancarleño manifestó que, con las disposiciones que contiene el proyecto de ley, se podría resguardar la seguridad en la zona y la protección ambiental.
La existencia de una concesión dejaría en manos de la empresa la seguridad de la zona, liberando recursos para el gobierno local, que también recibiría ganancias por la actividad minera.
“Los problemas derivados de la extracción ilegal, problemas de seguridad, problemas de mafia organizada y demás, ya no se darían en la zona; adicionalmente, la empresa concesionada tendría que pagar un canon o un royalty al Estado; de estos recursos, una buena parte serían destinados a la Municipalidad de San Carlos y a las asociaciones de desarrollo que están presentes en la frontera norte, nosotros, basados en los cálculos o en los números que nos ha presentado el Ministerio de Ambiente, estimamos que en promedio la Municipalidad de San Carlos podría recibir hasta 3000 millones de colones por año”, detalló.
Hace poco más de 10 años, se otorgó una concesión minera a favor de la empresa canadiense Infinito Gold, que fue anulada en sede judicial en el 2010 por presuntas irregularidades en el proceso de otorgamiento de la concesión, además de la entrada en vigencia de la Ley 8904, que prohibió la minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional.
El asunto se elevó incluso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, donde la empresa demandó al país por casi 400 millones de dólares, pero desistió de sus pretensiones en el 2024.
