El Tribunal Supremo de Elecciones contabiliza en sus registros un total de 14 expedientes que empezaron en el 2001 con el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez.
La figura de la beligerancia política forma parte de la legislación costarricense desde hace tres décadas. En ese lapso, catorce veces fueron denunciados los ahora expresidentes de la República por supuestos actos de beligerancia.
Sin embargo, a la fecha ninguno de ellos recibió la sanción que prevé la ley para este ilícito: la destitución del cargo y la consecuente inhabilitación para ocupar puestos públicos.
De acuerdo con las conclusiones del Tribunal Supremo de Elecciones, todas las denuncias terminaron sin lugar. Las revisiones concluyeron que no se configuró el delito electoral señalado.
El coordinador de letrados del TSE, Juan Luis Rivera, explicó que la apertura para que cualquier ciudadano pudiera presentar denuncias provocó que hasta las manifestaciones más simples fueran vistas como posibles incumplimientos.
«Cuando digo este régimen absoluto es que a estas personas, de acuerdo con lo que dice, la propia norma del Código Electoral solo se les permite ejercer el voto el día de las elecciones. Esto creo que ha generado en las personas una sensación de que cualquier manifestación o cualquier hecho que realice un funcionario público de esta jerarquía, pues puede constituir beligerancia. Incluso, cuando se repasan las denuncias del pasado de los otros expresidentes, muchas eran por comentarios que tenían una naturaleza que no eran de político partidario, sino de política pública”, spuntó el especialista.
En el historial figuran una denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez, cuatro contra Abel Pacheco, seis contra Óscar Arias, una contra Laura Chinchilla y dos contra Luis Guillermo Solís, último mandatario en ser investigado bajo esta figura.
El propio expresidente Rodríguez reconoció que las reglas del juego están claras, aunque a su juicio persisten algunas hipocresías alrededor del tema.
«En lo personal siempre he creído que es una hipocresía decir que el presidente electo por un partido no es de ese partido político. Eso es una cosa muy extraña. Es como decir, yo nací en esta familia, pero como voy a hacer esta profesión, ya no soy de esta familia, ¿no? Yo sigo siendo de esa familia. Lo que puedo tener es respeto a que los bienes del Estado, incluyendo las posiciones públicas, no se pueden usar para hacer beligerancia política. Yo me cuidé mucho de no tener beligerancia política. Me alegra mucho de que durante mi gobierno hubo solo una denuncia que fue desestimada. Y creo que así es como debemos proceder los ciudadanos”, enfatizó el mandatario del periodo 1998-2002.
Y afinó su crítica contra algunas manifestaciones recientes:
“No es conveniente, no es bueno para la vida ciudadana, no es bueno para el respeto a los derechos de todos los individuos que quienes están en posiciones de poder abusen de ello. Y cumpliendo la ley, en este caso específico actuando activamente haciendo proselitismo en favor de alguna posición: que se elijan tantos diputados, que tenga mi gente estas posiciones, que mi grupo vaya por aquí, que se prefiera esta opción electoral. Son actitudes que son prohibidas en Costa Rica y que no debe un gobernante ejercer de ninguna manera.»
El debate actual gira en torno a si este mecanismo de denuncias puede transformarse en una herramienta que limite otros derechos fundamentales. Rivera considera que la norma está redactada de forma clara y establece con precisión qué puede constituir un incumplimiento.
«El contenido de esa manifestación en realidad es lo que podría ser constitutivo del ilícito, cuando su contenido roce este principio de imparcialidad al que se encuentra sujeto el funcionario.
Y, indudablemente, tendrá que ver el contexto, tendrá que ver si hay evidencia probatoria. Si no la hay, pues no es lo mismo que yo haga una manifestación de carácter político partidario en secreto, y eso nunca se revela. Por ejemplo, si un funcionario público con prohibición absoluta realiza una manifestación de carácter político partidario que quebrante este principio de imparcialidad, pero lo hace en privado y la persona a la que se lo comenta no tiene cómo probarlo, entonces no hay forma de acreditarlo. Cada caso será muy particular.», explicó el funcionario electoral.
El presidente Rodrigo Chaves enfrenta actualmente tres procesos abiertos por supuesta beligerancia política, los cuales se encuentran en estudio en la Inspección Electoral.
