Empresarios afirman que la propuesta aumentaría costos y afectaría competitividad y empleo.
Un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, genera preocupación en cámaras empresariales por los alcances y obligaciones que plantea para el sector productivo.
La iniciativa propone declarar las botellas de plástico de un solo uso como residuos de manejo especial, lo que implicaría nuevas responsabilidades para productores, importadores, comercializadores y empresas que envasan productos en este tipo de recipientes.
El texto establece que, durante el primer año de vigencia, las empresas deberán recuperar al menos el 60% de las botellas que coloquen en el mercado. Esa meta aumentaría un 5% anual hasta alcanzar un 90% de recuperación.
Además, a partir del quinto año, se exigiría que al menos el 20% de los envases sean reutilizados o retornados al productor, porcentaje que también crecería progresivamente hasta llegar al 100%. En caso de no implementar sistemas de retorno, las compañías tendrían que sustituir los materiales por otros que puedan revalorizarse sin afectar el ambiente o la salud.
El legislador explicó que la propuesta es importante para garantizar un equilibrio entre el ambiente y la producción.
«En Costa Rica, la producción y el uso de plástico de un solo uso no está regulada de forma oportuna. Aunque tenemos empresas que han sido pioneras, como FIFCO, que ya tiene una política de retorno del material y la producción utilizada, otras empresas no están utilizando estándares que ya son aplicados en Panamá y Colombia para garantizar la trazabilidad y el menor impacto ambiental en el uso de plástico.
Creemos en un equilibrio con la parte productora, pero también creemos en que Costa Rica ha sido pionero en materia ambiental. Es por eso que estamos introduciendo una serie de regulaciones para garantizar el mínimo impacto ambiental que pueda tener el uso del plástico de un solo uso en nuestro país», detalló el socialcristiano.
No obstante, representantes del sector empresarial han manifestado inquietudes sobre los alcances del proyecto.
Según el director ejecutivo de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Jorge Luis Araya, la iniciativa no fortalece la protección ambiental.
«Duplica lo que ya más bien regula la Ley 9.786 que actualmente se encuentra en un proceso de reglamentación por parte del Ministerio de Salud. Creemos que aprobar una ley paralela sobre la misma materia generaría inseguridad jurídica, más burocracia y mayores costos sin beneficios ambientales comprobables. El texto propone metas de recuperación arbitrarias y sanciones desproporcionadas, incluso abriendo la puerta a que el incumplimiento pueda convertirse en delito. Además, elimina herramientas como el uso de resinas recicladas, lo que representa más bien un retroceso ambiental frente a la normativa vigente.
Como sector productivo creemos en la sostenibilidad y el cumplimiento responsable. Aquí lo correcto es fortalecer y reglamentar bien la ley 9.786, no crear un sistema paralelo que genere confusión y afecte el empleo, la inversión y la competitividad. La decisión más responsable, desde nuestro punto de vista, es archivar este proyecto de ley y concentrar los esfuerzos en aplicar adecuadamente la ley vigente», manifestó Araya.
En la misma línea se refirió el vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), Mario Montero.
El representante del sector señaló que existe un rechazo total al proyecto y pidió a la Asamblea Legislativa rechazarlo.
«Este proyecto de ley duplica regulaciones, genera burocracias innecesarias y crea nuevas cargas sin fundamento técnico. Además, como si fuera poco, criminaliza el incumplimiento de metas de recuperación que siempre se han gestionado mediante reglamentos especializados, abriendo la puerta a sanciones desproporcionadas y a una seria inseguridad jurídica para todo el sector productivo y comercial de este país. También establece metas de recuperación irreales, diseñadas sin mayor consideración de la capacidad técnica ni económica del país», añadió Montero.
Sin embargo, sectores ligados al medio ambiente ven con buenos ojos la iniciativa.
Para el ecologista y profesor de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mauricio Álvarez, este proyecto es un primer paso en la dirección correcta para sustituir los plásticos de un solo uso.
«Este proyecto va en la dirección correcta porque trata de establecer lo que se llama el principio de responsabilidad extendida del productor, que está normado en la ley de gestión integral de los residuos, en el artículo 5 y 42, pero se limita a residuos de manejo especial que por un volumen o una peligrosidad requieren una gestión diferenciada en todo el ciclo de vida de los productos.
Entonces, creo que lo deseable es que pasemos la página del plástico, que dejemos de explorar petróleo, contaminar y producir más efecto de cambio climático, eso es lo que exige la normativa internacional, la agenda y la ética. Sin embargo, este proyecto se puede ver como una especie de transición para ir desestimulando la producción exclusiva de botellas, porque ha resultado mucho más barato, pero ha tenido impactos que están bien identificados en la justificación del proyecto», destacó el académico.
