Por su parte, el abogado de la empresa hotelera Bahía Papagayo, Alejandro Rojas, argumentó que el embargo es proporcional por el daño a sus ingresos.
El abogado de Bahía Papagayo justificó el monto de $40 mil dólares embargado a uno de los activistas que se ha pronunciado por presunto daño ambiental en Playa Panamá.
Un grupo de activistas y creadores de contenido ha denunciado presunto daño ambiental en Playa Panamá, ubicada en Carrillo, Guanacaste, a causa del desarrollo inmobiliario que la empresa hotelera Bahía Papagayo realiza en la zona.
El asunto ha derivado en una serie de acciones judiciales, que han provocado el embargo preventivo de algunos de los que han levantado la voz por el caso. Uno de ellos es Juan Bautista Alfaro, conocido como “Juanbacaminando” en redes.
A Bautista lo defiende el abogado ambientalista y exdiputado Edgardo Araya, quien detalló a Columbia lo que le preocupa al movimiento “Salvemos Playa Panamá” con respecto al desarrollo de Bahía Papagayo.
“La preocupación fundamental es que se va a realizar un megaproyecto turístico que tendrá un enorme impacto ambiental en la zona, porque estamos hablando de prácticamente una ciudad que se va a construir en terrenos que tienen una alta vulnerabilidad ambiental, primero porque tienen bosque, además la situación agravante de que ese bosque está en terrenos del Estado, porque la gente tiene que tener claro que esa mega ciudad, ese megaproyecto turístico, donde claramente no cualquier persona podrá ir a pagar un hotel ahí o una habitación ahí o una noche ahí, le pertenece a todos los costarricenses”, dijo el abogado.
Araya asegura que será “una ciudad entera que le va a caer encima a terrenos que hoy tienen bosque, que tienen manglar y humedales” y que “genera impactos sobre especies que están amenazadas, que están ahí, que eso no se evaluó”.
Además, manifestó que el bosque es patrimonio natural del espacio y, por lo tanto, tiene una protección especial que impide su tala.
Estos señalamientos, según Araya, son los que comparte el creador de contenido Juan Bautista Alfaro en sus redes sociales.
Por eso, califica el embargo preventivo de la empresa contra Bautista como un acto de persecución desproporcionado.
“Eso, evidentemente, no tenía las intenciones de garantizar un resultado al proceso, de asegurar algunos bienes, sino básicamente de asustar, de amedrentar, de callar, un atentado al derecho a la libertad de expresión y al derecho que tienen todas las personas de opinar y participar en la toma de decisiones que tiene que afectan al ambiente, porque el ambiente no le pertenece a Enjoy, el ambiente le pertenece a todas las personas”, señaló.
La contraparte
Por su parte, el abogado de la empresa hotelera Bahía Papagayo, Alejandro Rojas, expresó a Columbia que el desarrollo inmobiliario en el Polo Turístico de Papagayo tiene condiciones especiales que buscan el crecimiento de la zona.
En ese sentido, manifestó que el proyecto que se desarrolla en el sitio ha cumplido con toda la normativa y disposiciones legales.
“Los señalamientos que se hacen incurren en varios errores, parte de los errores es desconocer inicialmente que este proyecto se enmarcaba dentro de una legislación y un régimen legal especial, que tiene condiciones particulares y que fue creado específicamente con el objetivo de desarrollar turísticamente la zona, por ahí se ha dicho que el proyecto tiene que cumplir con los mismos requerimientos que cualquier otro proyecto y que es patrimonio natural del Estado, lo cual no es cierto, porque estas estas propiedades fueron exclusivamente adquiridas por el Estado para ser desarrolladas turísticamente, no tienen otro objetivo, se decía que el uso del suelo era de bosque, eso tampoco es cierto, el uso del suelo está definido en el plan maestro del Polo Turístico de Papagayo y el uso del suelo es turístico”, expresó.
El abogado manifestó que el ICT sí impone una serie de condiciones ambientales, y que a pesar del desarrollo en la región “sí ha habido una regeneración del bosque”.
Rojas argumentó que el proyecto del Polo Turístico de Papagayo ha sido ambientalmente sostenible, y que así ha sido desde su creación en la década de 1960.
Por este motivo, alegó que la víctima del caso ha sido la empresa por la cantidad de ataques recibidos, y que por eso acudieron a instancias judiciales a plantear acciones contra los activistas.
“Este proyecto está sufriendo no solo un atraso, sino un riesgo en su ejecución, en consecuencia, los riesgos son significativos, de una cantidad importante de dinero, por lo que lo que se hizo fue calcular los daños mínimos que podíamos reclamar, si nosotros reclamáramos un daño mayor implicaría incluso millones de dólares, y estos daños se han ejecutado como consecuencia de las acciones que irresponsablemente y faltando la verdad han divulgado los influenciadores, con esto le quiero decir que más bien la medida es totalmente proporcional al grave daño que está sufriendo el proyecto”, aseveró.
“El proyecto Bahía Papagayo está a favor de la libertad de expresión, y si alguien tiene una opinión fundada que no corresponda con los intereses de Bahía Papagayo la puede expresar sin ningún problema y sin ninguna consecuencia, el proyecto Bahía Papagayo está en contra de la difusión de información falsa, con que se establezcan mentiras, y lo que se trata de atacar con los diferentes mecanismos legales, es precisamente reparar los daños en el caso de la acción civil y del embargo preventivo que se han generado”, concluyó.
