- El Código Electoral no exige certificaciones judiciales para aspirar a diputaciones.
La presencia de candidaturas a diputación con investigaciones judiciales en curso volvió a encender el debate sobre los mecanismos internos de los partidos políticos y los límites que establece la legislación electoral costarricense, en un contexto donde el principio de presunción de inocencia choca con las exigencias éticas de la ciudadanía.
El tema cobró fuerza este martes luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, junto con el Organismo de Investigación Judicial, ejecutara allanamientos relacionados con una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos, peculado de uso, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes en la Municipalidad de Puriscal.
Entre las áreas allanadas está la oficina de la alcaldesa Iris Arroyo Herrera, quien fue ratificada en setiembre como candidata a diputada por el sexto lugar del Partido Liberación Nacional. Las diligencias se realizaron en varias dependencias municipales, un estadio, un plantel, una vivienda, un taller mecánico y una asociación de ayuda social, con el objetivo de decomisar prueba para la causa 25-000094-1218-PE.
Ante la situación, el Partido Liberación Nacional reafirmó su respeto al debido proceso y a la institucionalidad democrática, e indicó que su actuar se rige por la presunción de inocencia, la responsabilidad política y la transparencia ante la ciudadanía. Además, informó que Iris Arroyo decidió apartarse de toda función activa dentro de la campaña mientras se esclarecen los hechos.
En paralelo, María Isabel Camareno, candidata a diputada por Puntarenas del Partido Pueblo Soberano está relacionada con una investigación que realiza la Comisión Legislativa por presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social. Camareno fue directiva de la institución y fue suspendida en octubre anterior tras ser imputada en el caso Barrenador.
Desde el punto de vista legal, el abogado constitucionalista Fabián Silva explicó que la Constitución Política no impone restricciones para aspirar a cargos de elección popular por tener causas penales abiertas. Detalló que el artículo 98 garantiza el derecho de los ciudadanos a organizarse en partidos políticos y a definir sus reglas internas, sin establecer requisitos judiciales para las candidaturas.
Silva añadió que ni siquiera el Código Electoral contempla impedimentos por investigaciones en curso. Según explicó, los requisitos se limitan a aspectos como edad y militancia partidaria, por lo que impedir una candidatura sin sentencia firme chocaría con el principio constitucional de presunción de inocencia. A su criterio, esta situación genera una tensión entre el derecho a elegir y ser electo y las expectativas éticas de la ciudadanía.
El analista político Sergio Araya señaló que la discusión no recae en el Tribunal Supremo de Elecciones, sino en los partidos políticos, que son los responsables de filtrar a quienes presentan al electorado. Indicó que incluso las agrupaciones tradicionales enfrentan presiones internas y disputas de poder que debilitan la aplicación de sus propios reglamentos éticos.
Este medio consultó al Partido Liberación Nacional y al Partido Pueblo Soberano sobre los criterios que utilizan para evaluar antecedentes judiciales, investigaciones en curso o cuestionamientos públicos antes de inscribir candidaturas. Al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
