La Defensoría de los Habitantes inició una intervención de oficio en abril pasado sobre el “Plan Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus 2023-2030”.
La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, señaló que “el país no tiene rumbo en materia de seguridad”.
La jerarca participó este jueves en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, con el fin de referirse al seguimiento que inició de oficio la Defensoría de los Habitantes al “Plan Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus 2023-2030”.
Esta política fue presentada el 22 de noviembre del 2023, con el objetivo de reducir la tasa de homicidios a 9.5 por cada 100 mil habitantes, cuando en 2022 la tasa fue de 12.6, además de bajar otros rubros como la comisión de delitos y femicidios.
La política cuenta con cuatro ejes: Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación.
En su presentación, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, calificó la Política como “la ruta de solución al problema de inseguridad que vive el país”, a través de la prevención, de la profesionalización de los policías y del trabajo conjunto entre Poderes de la República.
“Sin rumbo en seguridad”
Durante su participación, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, indicó que el entorno de paz que era característico en el país se ha debilitado, razón por la cual son necesarias las acciones desde el Estado.
Según manifestó, la Defensoría inició la intervención de oficio en abril pasado, como lo ha hecho con otras Políticas, y encontró una falta de rumbo en materia de seguridad.
“Este órgano defensor observa con preocupación el deterioro acelerado que ha sufrido nuestro país en el tema de seguridad ciudadana, según datos del Organismo de Investigación Judicial en el 2023 Costa Rica vivió el año más violento de nuestra historia al reportar 906 homicidios, un 28% más que el año anterior, y para el 25 de septiembre de este año el país ya contabilizaba 653 homicidios, esos datos afectan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, que busca garantizar la paz y la seguridad de todas las personas en nuestro territorio, por lo anterior, la Defensoría ha considerado necesario pedir cuentas al Poder Ejecutivo sobre la implementación de la Política Nacional de Seguridad Pública, y producto de esa labor hemos comparado y comprobado que el país no tiene rumbo en materia de seguridad, que el diseño de la política carece de enfoques preventivos, territoriales y sectoriales, y que 10 meses después de anunciada no pasa de ser una política de buenas intenciones pero escrita simplemente en el papel”, aseveró.
Según Carlos León, director del Área de Gobernanza Pública de la Defensoría de los Habitantes, no se cumplen algunos parámetros en cuanto a vulnerabilidad y prevención.
“Consideramos que también era necesario hacer un balance entre acciones preventivas y acciones reactivas o represivas y extrañamos en ese sentido un mayor énfasis en aspectos de prevención en el diseño de la Política; observamos que ninguno de los cinco objetivos específicos de la política tiene enfoque sectorial, pensando en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, es decir, ninguno de los cinco objetivos enfatiza en acciones para favorecer a poblaciones que son especialmente vulnerables ante el aumento de la violencia; observamos que solo uno de los cinco objetivos exhibe un enfoque territorial, que es el objetivo número dos, que tiene que ver con proximidad policial con la comunidad, habríamos apreciado también un mayor énfasis en los objetivos en cuanto a acciones en territorios especialmente vulnerables ante la violencia; también observamos que los objetivos no recuperan algunos importantes principios rectores que se enuncian en el marco filosófico, por ejemplo, temas de asistencia humanitaria, de igualdad de género, de interés superior del niño y de la niña, esos principios rectores no se ven reflejados en los respectivos objetivos de la Política”, detalló.
También se cuestionó la inexistencia de un Plan de Acción con tareas específicas para cumplir con esta Política Pública, y que el Ministerio de Seguridad Pública no ha creado pese a la solicitud de la Defensoría de los Habitantes.
Los diputados Gilbert Jiménez (PLN), Gloria Navas y Horacio Alvarado (PUSC) cuestionaron la falta de acciones sobre prevención de la inseguridad, mientras que la oficialista Pilar Cisneros indicó que el ministro entregó datos recientes sobre el rebajo de la comisión de delitos en el país.
El pasado 1 de julio, la Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo contra el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, por no presentar información solicitada con relación a la Operación Costa Rica Segura Plus.
