Mandatario se refirió allanamientos por caso de Parque Viva. Sala III alega que se actuó con apego a la legislación procesal vigente.
Ante consultas de Noticias Columbia, la Fiscalía General y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia respondieron este jueves a las críticas que hizo el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tras los allanamientos realizados por el caso de Parque Viva.
La mañana de este miércoles, el Fiscal General, Carlo Díaz, dirigió un allanamiento en el Ministerio de Salud, bajo la supervisión de los cinco magistrados de la Sala III.
Esto ocurre porque uno de los investigados por el cierre de Parque Viva, en el 2022, es el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Al ser un miembro de los Supremos Poderes, la ley determina que las acciones deben ser dirigidas por el jerarca del Ministerio Público y que quienes actúan como jueces son los magistrados de la Sala de Casación Penal .
Hace dos años, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria que suspendía los eventos en el Parque Viva que se ubica en La Guácima de Alajuela y es propiedad de Grupo Nación. Es un lugar para conciertos, competencias de automovilismo, ciclismo, atletismo y también para eventos y exposiciones.
Se argumentó que los cuerpos de primera respuesta presentan dificultades para atender cualquier tipo de emergencia debido al colapso vial. También se adujo que había riesgo inminente para la salud de la población por toda la desprotección para clientes y vecinos. Unos días después, la Sala Constitucional anuló la orden sanitaria al declarar con lugar un recurso de amparo.
La Fiscalía investiga los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad. El expediente que se abrió es el 22-000049-0033-PE.
Este miércoles en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, Chaves criticó a las autoridades del Poder Judicial. El mandatario asegura que hay una intención de dañar al Gobierno y en que, en el caso de él, se trata de hostigarlo y callarlo.
Este medio consultó al Ministerio Púbico y a la Sala III (a través de las oficinas de prensa) cuál es la posición de los jerarcas con respecto a los cuestionamientos efectuados por el presidente de la República. En ambas dependencias contestaron por escrito.
Respuesta de Carlo Israel Díaz Sánchez, fiscal general de la República:
«El Ministerio Público es un órgano jurídico que se encarga por ley de ejercer la persecución penal, de modo que no se referirá a manifestaciones malintencionadas que pretenden cuestionar nuestra objetividad e independencia en las acciones operativas en ejecución. Cualquier discusión jurídica acerca del trabajo que dirigimos la haremos únicamente donde corresponde: en los tribunales de justicia”.
Respuesta del Poder Judicial:
«En atención a sus consultas sobre las manifestaciones del Presidente de la República en la conferencia de prensa del miércoles 18 de Setiembre del año en curso, se indica que las actuaciones jurisdiccionales de la Sala de Casación Penal se apegan a la legislación procesal penal vigente, no es una intervención oficiosa sino a solicitud de la Fiscalía General de la República, órgano competente en el ejercicio de la acción penal.
«Es obligación legal de la Sala de Casación Penal el control jurisdiccional de una diligencia de investigación como la practicada en el Ministerio de Salud”.
«Al ser este un caso en investigación no es posible ahondar en detalles del contenido del expediente, por así disponerlo el artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual se transcribe:
«Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave».
