Warner Molina cumplió esta semana nueve meses en el cargo como interino tras la salida de Emilia Navas quien se acogió a su jubilación en medio de una controversia por su inhibitoria para conocer el llamado caso Cochinilla.
Entre el 20 de enero y el 3 de febrero, la Comisión de Nombramientos, integrada por seis magistrados, entrevistó a los 19 candidatos al puesto.
El 16 de febrero, en el sitio oficial del Poder Judicial, se publicaron 11 nombres de la lista de elegibles para el cargo. Estos son:
-Ewald Acuña Blanco, exjuez y abogado penalista.
-Francisco Ramírez Villalobos, actual Fiscal Adjunto en la Zona Sur.
-Ronald Eduardo Segura Mena, actual fiscal asignado a la Fiscalía General.
-Warner Molina Ruiz, actual fiscal general interino.
-Miguel Ángel Ramírez López, actual fiscal adjunto 1 en la Fiscalía General (nombramiento interino).
-José Francisco Mena Castro, actual fiscal adjunto 1 en la Fiscalía General (nombramiento interino).
-Álvaro Fernando Cubero Pérez, abogado litigante y profesor universitario. Exfiscal del Ministerio Público.
-Guillermo Antonio Hernández Ramírez, abogado litigante en Derecho Penal y exfiscal adjunto.
-Carlo Israel Díaz Sánchez, actual Fiscal adjunto 1 en la Fiscalía General.
-Edwin Retana Cabrera, abogado litigante, consultor legal y exfiscal adjunto.
-Christian Agustín Ulate Durán, abogado litigante, exjuez y exfiscal.
La Corte informó este viernes que la Corte Plena debe resolver dos gestiones pendientes para pasar a la etapa final del proceso de elección.
Una es la apelación y recusación que presentó el postulante Francis Porras León contra todas las personas integrantes de la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia. La otra es una apelación del postulante Juan Gabriel Hidalgo Hernández.
La recusación es un recurso legal que permite solicitar la separación del encargado de conocer y resolver un determinado asunto, cuando se presente alguna situación que eventualmente pueda afectar su imparcialidad.
La anterior fiscala general, Emilia Navas, recibió críticas porque tuvo que inhibirse de conocer el llamado caso Cochinilla. Esto debido a que su esposo, Francisco Campos, es abogado de varias de las personas investigadas en el proceso.
En aquella oportunidad, dijo que se había desatado una serie de ataques en su contra. “En lo personal y durante toda mi gestión, he enfrentado ese tipo de situaciones, comprobándose, mediante resoluciones administrativas y judiciales, mi actuar recto y probo”, indicó.
“A pesar de ello, con el propósito de no debilitar la función del Ministerio Público y la encomiable labor de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga decir, el combate frontal contra la corrupción, he decido acogerme a la jubilación a la que tengo derecho”, añadió.
