Expresidente conversó con Columbia sobre los hechos del 21 de octubre de 2004 que marcaron la historia judicial y política del país. Escuche aquí la entrevista.
Hace 20 años, el exmandatario Rafael Ángel Calderón Fournier llegó a la Fiscalía a declarar y terminó detenido. Posteriormente le dictaron prisión preventiva la cual cumplió durante cinco meses.
El Ministerio Público atribuyó a Calderón haber formado parte de un plan para beneficiarse económicamente de la aprobación de un millonario crédito finlandés destinado a la compra de equipos para la Caja Costarricense de Seguro Social.
Las autoridades lo señalaron por presuntas retribuciones ilícitas al actuar en asocio con funcionarios públicos y particulares.
El caso fue a juicio y el pasado 5 de octubre se cumplieron 15 años de la sentencia que condenó al político a cinco años de prisión por delitos de peculado.
En esa oportunidad, al no estar en firme la pena, Calderón no tuvo que ir a prisión y elevó su caso a la Sala de Casación Penal, conocida como Sala III.
Los magistrados mantuvieron la condenatoria pero redujeron la pena a tres años. Al expresidente le concedieron el beneficio de ejecución condicional de la pena, de forma que siguió en libertad.
Calderón afirma que no cometió ningún delito y que la condena se hizo sin fundamentos. Alega que brindó una asesoría, como abogado, nueve años después de haber dejado la Presidencia de la República.
El exmandatario sostiene que nunca ocultó que recibió el dinero pues eran honorarios profesionales por los cuales pagó impuestos. Además, señala que el proceso judicial dejó en evidencia que no hubo perjuicios para la Caja Costarricense de Seguro Social.
Calderón, de 75 años, considera que en el llamado caso Caja-Fischel fueron otras las personas que cometieron delitos. Dos décadas después, hace énfasis en que sentencias posteriores por la causa judicial respaldan lo que dice.
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