El conflicto ambiental que existe en torno a Playa Panamá motivó a la fracción del Frente Amplio a promover una nueva iniciativa de ley.
Un grupo de activistas y creadores de contenido ha denunciado presunto daño ambiental en Playa Panamá, ubicada en Carrillo, Guanacaste, a causa del desarrollo inmobiliario que la empresa hotelera Enjoy Hotels and Resort realiza en la zona.
El asunto ha derivado en una serie de acciones judiciales, que han provocado el embargo preventivo de algunos de los que han levantado la voz por el caso.
Por este motivo, el diputado Ariel Robles presentó un proyecto de reforma al Código Procesal Civil, que busca evitar un embargo preventivo en procesos civiles cuando la demanda responda al ejercicio de la libertad de expresión, según detalló el proponente.
“Ante medidas de presión y abusivas utilizadas por grupos como Enjoy Groups en Papagayo para silenciar luchadores ambientales, personas que denuncian delitos ambientales como es el caso de Playa Panamá y la denuncia que hicieron varias personas influencers, y que hoy ese grupo de poder económico utilizó un embargo preventivo para congelar sus cuentas y silenciarlos, estamos presentando un nuevo proyecto de ley para impedir que esto sea posible, es un proyecto de ley que se llama “Ley para evitar acciones coercitivas en el ejercicio de la libertad de expresión”, es decir, que si una persona está denunciando delitos ambientales que una empresa no puede utilizar esta medida para callarlo”, señaló.
El presunto daño ambiental motivó a los activistas a promover, en mayo anterior, un recurso de amparo por el otorgamiento de un permiso de vialidad ambiental que podía poner en peligro los recursos de la región, pero la Sala Constitucional lo rechazó por no ser de su competencia.
A través de sus redes sociales, diferentes creadores de contenido han mostrado su preocupación por el asunto, lo que derivó en una querella del conglomerado contra ellos por lesiones al honor.
Uno de ellos es Juan Bautista Alfaro, conocido como “Juanbacaminando” en redes, contra quien la empresa solicitó un embargo preventivo, según detalló el creador de contenido en su perfil de Instagram.
A través de un comunicado de prensa divulgado a los medios, la empresa cuestionó las publicaciones de los activistas, y los calificó como “actos de desinformación que afectan la confianza pública, la seguridad jurídica y el entorno social y comercial de la empresa”.
“La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no ampara la difusión de información falsa que daña la honra y reputación de personas o entidades”, apuntó la empresa.
“Estamos firmes y decididos en defender nuestra imagen y reputación, sentando un precedente en contra de la desinformación y de quienes irresponsablemente la difunden”, agregó el conglomerado.
El ambientalista Edgardo Araya asumió la defensa del creador de contenido a quien se le aplicó el embargo preventivo.
