De acuerdo con Human Rights Watch (HRW) y Cristosal (El Salvador) las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos desde que se adoptó el régimen de excepción.
San Salvador, 12 may (EFE).- El director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró este jueves a periodistas que no se reportan muertes en bartolinas (calabozos), ni en procedimientos policiales desarrollados durante el régimen de excepción decretado por el Congreso para controlar la violencia atribuida a las pandillas.
“Gracias a Dios en ninguna bartolina policial, ni en ningún procedimiento policial ha fallecido alguna persona que haya sido detenida”, declaró Arriaza Chicas, contrario a lo que han señalado organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con un informe elaborado por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal (El Salvador), un número creciente de evidencias indican que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos desde que se adoptó el régimen de excepción el 27 de marzo.
Las entidades señalaron en el documento que han recibido denuncias creíbles de decenas de detenciones arbitrarias, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, y de la muerte de dos personas que se encontraban privadas de libertad.
“Estamos informando a las familias el lugar de la detención (de sus parientes), el motivo de la detención y a que penal nosotros trasladamos a los capturados”, apuntó el director de la Policía.
No obstante, en las últimas semanas miles de persona -en su mayoría mujeres- han llegado a diferentes calabozos y centros penales del país para solicitar información de sus parientes detenidos.
En el documento de HRW y Cristosal se señala que en 34 de los 40 casos de abusos sobre los que se documentaron evidencias de primera mano, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en sus domicilios o en la calle.
En 20 casos, según las fuentes, las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de las víctimas sin presentar una orden judicial.
Las organizaciones apuntaron que en la mayoría de los casos los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos.
El Salvador se encuentra bajo de régimen de excepción, implementado por la violencia atribuida a las pandillas, con el cual se han suspendido a los ciudadanos varios derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión.
Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele durante el estado de excepción, pero hasta el momento se continúa sin conocer si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
La cifra de capturas de supuestos pandilleros y personas ligadas a estas estructuras alcanza los 28.000 desde finales de marzo al miércoles 11.
