- El proceso fue frenado en 2024 luego de que el exjerarca advirtiera fallas técnicas y posibles irregularidades en el cartel.
William Emilio Fernández Hernández, director de Reaseguros y exdirector jurídico del Instituto Nacional de Seguros (INS), denunció ante la Fiscalía General y ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa haber recibido presiones políticas relacionadas con una adjudicación para la compra de unidades extintoras del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Fernández, quien figura como testigo en la causa, aseguró que las presiones provinieron de dos miembros del Consejo Directivo de Bomberos durante el proceso de contratación administrativa para la adquisición de 15 unidades extintoras 4×4, cuyo monto ascendía a $9.988.500.
“En esa contratación sufrí presiones directas de dos miembros del Consejo Directivo de Bomberos”, declaró el exjerarca, quien explicó que el órgano está conformado por cinco integrantes, tres designados por el INS y dos por Bomberos, y que las presiones provinieron específicamente de estos últimos.
Durante su comparecencia legislativa, Fernández afirmó que, al analizar el cartel de licitación, detectó fallas técnicas en los requerimientos, las cuales —según dijo— aparentaban responder a un eventual “traje a la medida”. Indicó que, cuando se valoraba declarar desierta la adjudicación, uno de los directivos sugirió dejar pasar el tiempo, una recomendación que calificó como ilegal bajo la normativa vigente.
Ante consultas del diputado del PLN, Francisco Nicolás, Fernández confirmó que uno de los funcionarios que lo presionó fue Jorge Eduardo Sánchez, actual presidente del Banco Popular, a quien vinculó con cercanía al presidente de la República.
El exdirector jurídico también denunció la participación de un asesor de Casa Presidencial en reuniones relacionadas con el proceso, pese a que, según indicó, la Presidencia no tenía injerencia en esa contratación.
“A mí me convocaron a una reunión en Casa Presidencial por este tema, lo cual consideré poco usual tratándose de una adjudicación del INS”, afirmó Fernández, quien sostuvo que esos hechos motivaron su denuncia ante la Fiscalía General por una posible violación a la autonomía institucional.
Además de este caso, Fernández confirmó haber recibido presiones en otros asuntos, entre ellos temas vinculados al Marchamo Digital, hechos que forman parte de investigaciones legislativas en curso.
Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, rechazó categóricamente las declaraciones del exjerarca del INS y aseguró que el proceso de licitación se desarrolló mediante licitación pública en el sistema SICOP, con acceso abierto a la información.
Chaves afirmó que no existieron presiones, amenazas ni directrices indebidas, y señaló que tanto la Contraloría General de la República como la Auditoría Interna revisaron el proceso sin encontrar irregularidades. También atribuyó la denuncia a anónimos enviados durante la licitación, los cuales —según indicó— contenían información falsa que fue aclarada oportunamente.
