La participación de diputados oficialistas en actividades de otros partidos genera polémica y plantea dudas sobre la lealtad partidaria y el impacto en la dinámica legislativa, mientras expertos advierten sobre la falta de precedentes en la política costarricense.
La fracción oficialista ha sostenido durante más de dos años que el Partido Progreso Social Democrático no representa los valores que ellos desean fortalecer ni los que impulsa el presidente Rodrigo Chaves.
Sin embargo, no se han declarado independientes. Con el paso del tiempo, han participado en actividades electorales de otras agrupaciones políticas: primero con Aquí Costa Rica Manda y ahora con el partido elegido por el rodriguismo para las elecciones de 2026: el Partido Pueblo Soberano.
Durante la presentación del plan de gobierno de Laura Fernández, la jefa de fracción Pilar Cisneros destacó el apoyo de sus compañeros:
“Este cambio que estamos impulsando va a ser muy difícil y le va a tomar a todos los que creemos que este país necesita el cambio, sangre, sudor y lágrimas literalmente. Quiero agradecer a mis compañeros, Paola Alexander, Waldo, Manuel, Ada, Jorge y Daniel Vargas. Me siento orgullosa de ustedes por acompañarme en esta lucha.”
El legislador oficialista Manuel Morales señaló que su grupo representa al Gobierno y los intereses que este busca:
“Mi posición es clara: apoyo la continuidad del gobierno representado por Laura Fernández. Mi trabajo en la Asamblea, junto con siete compañeros más, se mantiene alineado con la visión de responsabilidad y estabilidad que impulsa el presidente Rodrigo Chaves.”
El analista en comunicación y politólogo Mario Quirós aseguró que esta situación es inédita en la historia política reciente de Costa Rica:
“Apoyar a otro partido mientras se pertenece a uno vigente es definitivamente inédito. Esto refleja problemas estructurales: los partidos son proyectos coyunturales sin visión de país a largo plazo y funcionan como vehículos electorales de corto plazo. Esto impacta la discusión de temas país, que termina centrada en la próxima elección, no en el futuro de las siguientes generaciones.”
Por su parte, la presidenta de la agrupación, Luz Mary Alpízar, intentó expulsar a los diputados, pero no tuvo éxito, según explicó Kattia Benavides. Como antecedente, en octubre de 2023, el Partido Progreso Social Democrático expulsó a nueve diputados luego de que participaran en actividades de proselitismo de Aquí Costa Rica Manda.
Los legisladores presentaron un recurso de amparo y, en diciembre, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mediante la resolución 10147-E1, declaró con lugar el recurso de ocho diputados oficialistas. El TSE señaló que, según el Código Electoral y los estatutos del partido, la potestad de sancionar a los militantes corresponde al Tribunal de Ética, no a la Asamblea ni al Comité Ejecutivo.
El TSE ha establecido, a través de resoluciones como la 2434-E8-2021, que la doble militancia está vedada y constituye una infracción al principio de lealtad partidaria. También aclaró que los diputados expulsados no pierden su curul, ya que el escaño pertenece al legislador y no al partido. En estos casos, se declaran diputados independientes, lo que implica:
- Pérdida del voto en reuniones de jefes de fracción.
- Pérdida de espacio de control político en el plenario legislativo.
- Reducción de algunos recursos administrativos de la Asamblea Legislativa.
