Legisladora de la Comisión de Educación conversaron con Noticias Columbia sobre el hecho de que sea la Asamblea la que deba establecer un presupuesto para las universidades públicas.
Luego de la finalización en las negociaciones de la Comisión de Enlace para definir el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025, será la Asamblea Legislativa la que finalmente discuta y asigne el presupuesto.
Los diputados de la Comisión de Educación se refirieron al rol que tendrán en este proceso, el cual es inédito, es decir, es la primera vez en la historia que el monto no fue aprobado por parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la representación del Poder Ejecutivo.
Según la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez, que el presupuesto se discuta en el Congreso es una oportunidad para corregir lo que se ha hecho desde el Gobierno.
«Es nuestro gran deber como diputados garantizar el acceso a la educación para las generaciones actuales y futuras, tal como lo establece el artículo 85 de la Constitución Política. Este es un momento de gran preocupación en donde desarrollar una negociación democrática, transparente y respetuosa con los rectores y la comisión negociadora del Ejecutivo, que pueda brindar los recursos necesarios para que nuestra educación pública superior y en general todos nuestros sistemas de educación cuenten con los recursos necesarios para su justo desarrollo, que no se deje nadie atrás y que pueda tener las herramientas para enfrentarse a los retos del mundo contemporáneo», mencionó la liberacionista.
Para la legisladora del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, es importante que desde el Congreso se garantice un presupuesto apropiado para la educación pública.
«Nos parece realmente lamentable que el Gobierno haya decidido romper el proceso de negociación para darle el presupuesto al Fondo Especial de Educación Superior pública de este país. Nos parece una actitud irresponsable. Más aún irresponsable el amenazar que darle el recurso que necesita las universidades públicas para generar el recurso humano que nuestro país necesita para el desarrollo, sea incompatible con garantizar las otras responsabilidades constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo. Hacemos un llamado a la población a entender que recortar las universidades es recortar la oportunidad a su población joven de tener una beca, de poder estudiar, de que haya carreras nuevas y de que los programas que hay de investigación y de acción social de las universidades hacia las comunidades, simplemente se eliminen. Tenemos que respaldar la educación pública de nuestro país al igual que estamos respaldando el movimiento por el 8% del PIB constitucional para la educación costarricense», señaló Alfaro.
La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando, lamentó que el Gobierno fuera incapaz de negociar el monto asignado para las universidades públicas.
Además, señaló que en la negociación buscarán que haya una repartición equitativa en el presupuesto.
«Desde hace bastante tiempo, hemos venido anunciando que creemos que el FEES debe de redistribuirse de forma equitativa, es decir que vaya a las necesidades primordiales de los estudiantes como becas, mayores cursos, mejores horarios para que puedan trabajar y estudiar, mejor infraestructura en las zonas alejadas, es decir, en las áreas rurales y sobre todo que pueda potenciar a los muchachos y muchachas que estudian en las universidades. Hay que decirlo, el FEES, en este momento, está distribuido de una forma inequitativa, es decir, la Universidad de Costa Rica toma un gran porcentaje del FEES y deja desprotegidas o con menor porcentaje al resto de las universidades públicas. También estamos en contra de los salarios de privilegio que tienen algunos profesores y profesoras de las universidades públicas, salarios que van hasta los 8 millones de colones por mes y eso crea un gran desajuste y una gran desigualdad. Estamos de acuerdo en la redistribución del FEES, pero también hay que señalar que cuando usted le aumenta el porcentaje al FEES, eso significa que usted le va a tener que quitar a las escuelas y a los colegios públicos, porque si le da más a una institución va a tener que quitarle a otra y ahí estaríamos desprotegiendo a nuestra niñez y juventud», manifestó la liberal.
Por su parte, el diputado del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, aseguró que buscarán conocer bien la opinión tanto del Gobierno como de CONARE para posicionarse como fracción legislativa.
«Lo que queremos en esto ser bien justos. Por supuesto que queremos un buen presupuesto para la educación, pero queremos que sea bien utilizado y queremos que sea bien distribuido, porque también sabemos que hay porcentajes bastante poco equitativos en relación a los montos que se destinan a una universidad en comparación con otra. Por supuesto, también siempre será prioridad para nosotros que el destino de los dineros de educación, por supuesto que vaya para los educadores, por supuesto que vaya para infraestructura educativa y que también vaya para tres puntos: las sedes regionales, las nuevas carreras más relacionadas con la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Artes) y también el tema de las becas, el tema de que se destinen suficientes recursos a que jóvenes de las universidades públicas puedan ser becados para poder desarrollar una carrera», afirmó el neorepublicano.
Finalmente, el diputado oficialista, Manuel Morales, siguió la misma línea que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien pidió a los legisladores responsabilidad fiscal al momento de definir el presupuesto de las universidades públicas.
«Considero que, independientemente del proceso que sigamos para la aprobación del FEES, debemos respetar la situación económica del país y apoyar la educación costarricense», indicó el oficialista.
