- El expediente 25.057 pasó al Plenario con dictamen negativo, mientras la ley contra el sicariato quedó sin votarse por ausencia de diputados.
La agenda legislativa en materia de seguridad sufrió esta semana dos golpes relevantes, luego de que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazara el proyecto de ley 25.057, orientado a fortalecer a la Junta de Protección Social (JPS) y a cerrar el paso al financiamiento del crimen organizado, mientras que el Plenario no logró quórum para votar en segundo debate la ley contra el sicariato.
El expediente 25.057 fue rechazado con una votación de 5 en contra y 3 a favor, lo que obliga a que el proyecto pase al Plenario con un dictamen negativo de mayoría, donde su futuro dependerá de la voluntad política de las fracciones.
La contralora de la JPS, Gina Ramírez Mora, advirtió que el rechazo tiene consecuencias directas sobre la lucha contra la ilegalidad.
“Con este voto negativo se beneficia un mercado ilegal que no aporta recursos a programas sociales y se debilita a la Junta de Protección Social”, afirmó.
Ramírez agregó que ahora corresponderá al Plenario decidir “si Costa Rica enfrenta esta ilegalidad o permite que continúe operando sin regulación”.
Entre quienes votaron en contra figuran Priscilla Vindas del Frente Amplio, Alejandra Larios de Liberación Nacional, Gilberto Campos del Liberal Progresista y la diputada independiente Gloria Navas, quien aseguró que su posición responde a razones técnicas.
“Queremos que el proyecto pase, pero tiene defectos importantes que no fueron atendidos”, señaló.
Navas cuestionó la forma en que se tramitó el expediente en comisión y aseguró que se dejaron de lado observaciones orientadas a mejorar el texto.
Al cierre de edición, no detalló cuáles eran esos cambios específicos.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Gilberth Jiménez, defendió el proceso y aseguró que sí se incorporaron observaciones planteadas por diputaciones opositoras.
“Solicité más tiempo para análisis y una moción de proposición fue rechazada”, explicó.
Jiménez indicó que incluso cambió su voto con el fin de evitar que el proyecto se archivara y pudiera continuar su trámite en el Plenario.
Este escenario se suma a lo ocurrido horas después en el Plenario Legislativo, donde no hubo quórum para votar en segundo debate la ley contra el sicariato, debido a la ausencia de al menos 20 diputados, lo que obligó a levantar la sesión.
Para la politóloga Kattia Benavides, ambos hechos envían una señal preocupante en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país.
“Se desechó una iniciativa que buscaba cerrar una de las llaves del dinero criminal y, al mismo tiempo, se pospuso una votación clave por falta de asistencia”, advirtió.
Benavides explicó que, aunque un dictamen negativo de mayoría no archiva automáticamente un proyecto, sí lo deja en una condición altamente vulnerable.
“La última palabra la tiene el Plenario, pero sin voluntad política estos expedientes suelen terminar archivados”, señaló.
Desde su análisis, la reiterada ruptura de quórum y el estancamiento de proyectos vinculados a seguridad reflejan una delegación de responsabilidades.
“La seguridad no se defiende solo con discursos, sino priorizando, votando y asumiendo costos políticos”, concluyó.
