La oficialista Pilar Cisneros dio a conocer una serie de pagos de Kölbi a medios de comunicación. Esta situación fue criticada por el frenteamplista, Ariel Robles, quien afirmó que se trataba de información confidencial.
Durante la más reciente sesión de la Comisión que investiga presuntas irregularidades de contrataciones en el SINART, se presentó una discusión entre la diputada oficialista, Pilar Cisneros y el frenteamplista Ariel Robles.
La situación se dio luego de que Cisneros expusiera una serie de datos del ICE en relación al pago de pautas a diversos medios de comunicación.
En un comienzo, la oficialista afirmó que esta era información pública que podría ser conocida por cualquiera que ingresara al SICOP, sin embargo, pese a seguir señalando que no era confidencial, aseguró que hay otras herramientas para obtener estos datos.
“Cuando ya la institución hace la compra, esa información es absolutamente pública. Existen muchas maneras de rastrear esa información. Entre otras, por ejemplo, tienen que pagarle un timbre al Colegio de Periodistas (COLPER). Un porcentaje de esa pauta va al COLPER, por ejemplo, cuando se pauta en un programa de corte noticioso”, indicó Cisneros.
La legisladora agregó que “hay otros instrumentos que hay que pagar para verlos, por ejemplo, Integrametrix, que es la más común. Entonces, usted se suscribe e Integrametrix le dice a usted quién pautó, dónde, cuándo, cómo, etc. Entonces, la industria conoce perfectamente las inversiones del mercado”.
Sin embargo, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, manifestó que por ley y al tratarse de una empresa en competencia, esta información del ICE sí es confidencial.
Robles incluso leyó una respuesta compartida por la presidencia de la institución ante una consulta sobre sus pagos de pauta a medios de comunicación.
“Quiero aportar a la comisión el oficio, porque papelitos hablan, 00601422023, firmado por don Marco Acuña (presidente del ICE). Leo textual: ‘el detalle con el nombre de los medios, el periodo de pauta y lo asignado por Kölbi a cada una forma parte de la estrategia comercial de telecomunicaciones, por lo cual no es posible suministrarlo en virtud de que dicha información se encuentra catalogada como secreto comercial. Por motivos estratégicos comerciales y de competencia en los términos dispuestos en el artículo 35 de la Ley 8.660 y lo que a efecto determinó y aprobó el Consejo Directivo de nuestra institución, según lo indica la ley’. Ni siquiera está en el acta porque fue declarado secreto comercial”, manifestó el frenteamplista.
En Noticias Columbia conversamos con el abogado especialista en administración pública, Isaac Quesada, quien inició explicando en qué consiste una empresa pública en competencia.
“Son entidades públicas que, como su nombre lo dice, tienen una actividad empresarial. Es decir, una actividad productora de bienes y servicios, los cuales operan dentro de un mercado. Existen empresas públicas que son de capital estatal que operan en una actividad en monopolio, tal como podría ser el caso del petróleo. Mientras que hay otras empresas públicas que participan de un mercado con diversos actores. Esas son las que denominamos empresas públicas en competencia”, detalló el abogado.
Según el experto, este tipo de instituciones tienen información que no se considera pública por su propia naturaleza operativa, como lo pueden ser sus contrataciones.
“Porque esa actividad es altamente competitiva para las empresas públicas que están en un mercado en competencia, es que se da una protección de ley para sus secretos industriales y comerciales. Esto debe entenderse como toda aquella información que también podemos denominar como no divulgada, protegida por ley, que son secretos de propiedad intelectual, contactos, contratos, clientes, bases de datos y toda aquella que es esencial y que le brinda una ventaja competitiva a la empresa”, explicó Quesada.
