Proyecto 23.782 fue aprobado en segundo debate con 38 votos a favor y únicamente 6 en contra.
El Plenario Legislativo aprobó, en segundo debate, el expediente 23.782, “Ley para garantizar el servicio de autobús para los usuarios”, durante la sesión de este martes.
Esta iniciativa busca extender por un año más el funcionamiento de las unidades modelo 2007 y 2008, con el fin de recuperar rutas que se perdieron y como parte de una ayuda a empresarios que tuvieron afectaciones durante la pandemia por Covid-19.
Esta ampliación sería para buses de micro, medianas y pequeñas empresas.
La diputada del Partido Nueva República (PNR) y proponente del proyecto, Olga Morera, explicó que esta iniciativa servirá de ayuda para personas de comunidades que han visto afectadas sus rutas.
“Ha sido un largo y tortuoso camino para poder aprobar este proyecto en beneficio de los ciudadanos, sobre todo, en las zonas rurales. En octubre del año pasado, cuando más se necesitaba que la defensora de los Habitantes resguardara los derechos de los costarricenses afectados con el servicio de transporte público, los dejó a la deriva hasta que se resolviera lo que, según ella, lesionaba los derechos de las personas con discapacidad y su ley 7.600, enviando el proyecto a consulta de constitucionalidad, atrasando el derecho al servicio de transporte público en todas aquellas rutas que hoy están abandonadas”, señaló Morera.
Por su parte, el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, afirmó que la situación actual, ante la falta de unidades en ciertas comunidades, está afectando a las familias de dichas zonas.
“Lo más grave aún es que las familias han tenido que desplazarse a una desintegración, a perder el arraigo, a tener que incurrir en mayores costos porque no ha habido realmente una política pública clara, porque no ha existido voluntad y porque hoy tenemos una realidad país. Una realidad sin oportunidades. Los jóvenes que hoy requerían salir de sus viviendas, de sus lugares alejados para ir estudiar, no hay acceso para ir a universidades”, aseguró Jiménez.
Además, la diputada de Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar, destacó que para ella fue difícil apoyar este proyecto, ya que la población con discapacidad es su prioridad.
Sin embargo, afirmó que el hecho de que esta iniciativa no beneficie a grandes empresarios fue parte de sus consideraciones para darle el voto a favor.
“Yo no quiero ser parte de esos que tuvieron la capacidad y el poder para hacer que las cosas funcionen para una población que hemos abandonado, como a las personas con discapacidad. Es por eso que me es tan difícil, pero no quiero pertenecer a este grupo de gente, pero ya pertenezco a esta corriente que llegamos a un punto en que o sale, o sale este bendito proyecto, que fue mal hecho desde el principio. Una de las cosas que más me alegra de las mejoras es que lo acotamos para ciertos transportistas y no para todos los que querían beneficios”, indicó Alpízar.
Finalmente, el diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, mencionó que es falso que las unidades siempre estén bien cuidadas, como defendieron otros legisladores.
“Yo he escuchado, en ocasiones, generalizaciones que me parecen inadecuadísimas, y que creo que a la ciudadanía le tienen que resultar chocantes y a cualquier persona usuaria de autobuses nos resultan chocantes, como que las unidades siempre están muy bien cuidadas. Yo soy usuario de autobús, de transporte público en general, del tren y autobús. No vale la casuística para abordar una discusión política, pero si utilizan la casuística como generalización además de ‘las unidades están en buen estado’, pues entonces me dejan a mí utilizar la casuística. No, las unidades no están en buen estado siempre. Eso no se puede afirmar. Como usuario de autobús, puedo decir que me he topado con autobuses sucios, con asientos quebrados”, manifestó Acuña.
El proyecto fue aprobado con 38 votos a favor y 6 en contra, únicamente de parte de la bancada frenteamplista y la verdiblanca, Andrea Álvarez.
