- Cuestionamientos reabren debate sobre reelecciones prolongadas, salarios y manejo de recursos en entidad municipal.
El concurso abierto por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) para escoger a su próxima dirección ejecutiva terminó convertido en un nuevo foco de cuestionamientos políticos sobre transparencia, concentración de poder y uso de recursos públicos dentro del régimen municipal.
El diputado oficialista Ariel Mora Fallas denunció en el plenario legislativo que el proceso parece diseñado “a la medida” de la actual directora ejecutiva, Karen Porras Arguedas, quien ocupa el cargo desde hace 16 años.
La denuncia no solo apunta a posibles irregularidades en el cartel del concurso. También revive una discusión más amplia sobre el poder acumulado dentro de organizaciones financiadas con recursos públicos, pero que históricamente han operado con poca exposición política y bajo escaso escrutinio ciudadano.
La UNGL agrupa y representa a las municipalidades del país, participa en discusiones legislativas y técnicas sobre gobiernos locales y administra recursos públicos provenientes de cuotas municipales y otros fondos estatales.
Aunque no tiene el mismo nivel de exposición que otras instituciones públicas, su influencia dentro del régimen municipal es considerable.
Por eso, el cuestionamiento del diputado trasciende el concurso mismo: plantea dudas sobre cómo se construyen y sostienen estructuras de poder dentro de organismos semiautónomos ligados al Estado.
El corazón de la denuncia: requisitos “a la medida”
El principal señalamiento se concentra en los criterios de evaluación del concurso.
El cartel otorga un 60% del puntaje a experiencia profesional, un 30% al grado académico y apenas un 10% se divide entre entrevista y evaluación de competencias.
Sin embargo, Mora cuestionó especialmente dos requisitos: experiencia internacional en el régimen municipal y haber ocupado cargos de elección popular municipal.
“Prácticamente comienzan a hacerle una camisa a la medida a doña Karen Porras”, afirmó.
El diputado sostiene que esos criterios reducen el universo de posibles candidatos y favorecen directamente el perfil de la actual jerarca. También denunció inconsistencias en los porcentajes publicados inicialmente en el cartel y aseguró que estos fueron modificados después de hacerse públicos.
“¿Quién aprobó eso? ¿Cuál junta directiva aprobó eso?”, reclamó.
Otro de los cuestionamientos apunta a la rapidez del proceso. El período para presentar ofertas va del 18 al 22 de mayo, apenas cuatro días, lo que para los críticos limita la participación.
Mora acusó además a la organización de manejar la convocatoria “con secretismo”, al asegurar que la publicación tuvo poca difusión fuera del sitio web institucional.
Las críticas llegan desde el propio sector municipal
Los cuestionamientos no provienen únicamente del oficialismo. El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), Juan Diego González, aseguró que el concurso genera preocupación entre gobiernos locales.
“Lejos de parecer una convocatoria abierta y transparente, lo que pareciera es más bien un traje a la medida de la actual dirección ejecutiva”, afirmó.
González recordó que la organización se financia con recursos públicos y, por tanto, debe garantizar procesos transparentes y competitivos.
La reacción evidencia una tensión creciente dentro del propio municipalismo, donde distintos sectores cuestionan el nivel de concentración política y administrativa acumulado por la UNGL durante los últimos años.
Un historial previo de cuestionamientos
La controversia también revive investigaciones y críticas anteriores alrededor de la organización y de la remuneración de su directora ejecutiva.
En 2023 diputados del período anterior impulsaron una investigación legislativa por presunto uso indebido de recursos públicos relacionados con viajes, contrataciones y gastos de la organización.
Noticias Columbia solicitó una posición oficial de la UNGL sobre las denuncias y cuestionamientos, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
