La propuesta ha sido rechazada por la mayoría del Plenario. Experto analizó alcances de la nueva iniciativa.
Pese a ser rechazado dos veces en el Plenario, el proyecto de capitales emergentes volverá a la corriente legislativa, de la mano del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), José Joaquín Hernández.
El verdiblanco presentó nuevamente la iniciativa, la cual originalmente fue promovida por el Poder Judicial y que tiene como fin retener los bienes, como casas, carros o propiedades, que se generan de actividades ilícitas, generalmente del lavado de dinero y el narcotráfico.
Según Hernández, la propuesta es fundamental en la lucha contra la delincuencia y explicó parte de los alcances del proyecto.
«Esta herramienta tan necesaria y urgente para el país para combatir el lavado de dinero, esos dineros provenientes de actividades ilegales en los cuales los grupos criminales, el crimen organizado financia las actividades de narcoactividad en nuestro país. Es notorio en Costa Rica el aumento del lavado de dinero y esta herramienta es necesaria para poder atacar estos capitales. Es un proyecto de ley que permite, en este caso el Ministerio Público, solicitar ante un juzgado una medida cautelar especialísima, justificarla para que sea preventiva y temporal ante un juez, dado los elementos que pueda aportar.
En ese sentido, me parece a mí que es sumamente necesario para que podamos verdaderamente tener una herramienta eficaz y combatir como se debe este problema que está causando grandes problemas en la sociedad. De ahí que me parece que es un proyecto de ley que vamos a luchar para que, ojalá antes de que terminemos nuestras funciones, pueda convertirse en ley de la República. Instar a los compañeros y compañeras diputadas, en su momento si vuelve al Plenario, de razonar su voto para poderle dar al país esta ley», pidió el liberacionista.
No obstante, el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, considera que el proyecto es innecesario.
El legislador afirmó que existen otras vías en el ordenamiento jurídico que permiten la retención de bienes.
«No cambia absolutamente nada la situación. El fiscal de legitimación de capitales ya había señalado que era absolutamente innecesario la tramitación de un proyecto de ley de esta naturaleza, principalmente porque podría entorpecer la evaluación que tiene Costa Rica en puertas del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y por supuesto que hay una preocupación respecto de este tema; sin embargo, hay que recordar que el proyecto de ley, que ya no tuvo los votos necesarios para convertirse en ley de la República, no dista prácticamente nada de este nuevo texto y este nuevo texto entonces tampoco tendrá ninguna diferencia con los criterios que ya se habían venido emanando y señalando respecto de la inconveniencia de que paguen justos por pecadores en la lucha contra la criminalidad.
Además, hay que recordar que ya la ley establece ese mecanismo y que el proyecto de ley lo único que hacía era establecer una medida cautelar anticipada que nuestro ordenamiento jurídico también contempla por otras vías», mencionó Campos.
Por su parte, el diputado socialcristiano, Alejandro Pacheco, quien se negó a aprobar el proyecto original, indicó que será necesario evaluar la nueva iniciativa.
Sin embargo, adelantó que estarán en contra de que se invierta la carga de la prueba.
«Sobre la iniciativa de capitales emergentes, nuestra fracción ha sido y seguirá siendo firme en apoyar medidas efectivas contra el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, el nuevo proyecto debe analizarse con rigor, en especial cualquier disposición que invierta la carga de la prueba o debilite el debido proceso. Respaldaremos el texto que permita golpear patrimonios ilícitos sin sacrificar garantías constitucionales ni abrir portillos o arbitrariedades, como lo tenía el proyecto anterior», destacó el legislador del PUSC.
El abogado penalista, Julio Córdoba, explicó el origen de este proyecto y por qué es importante en la lucha contra el crimen organizado.
No obstante, el experto afirmó que una iniciativa así puede ser utilizada con fines inadecuados e incluso generar persecuciones políticas.
«Toda actividad de crimen organizado genera patrimonios que son difíciles de ocultar e incluso algunos de ellos son ostentados. Estos tienen la particularidad de que afectan todo el sistema económico, dañan a la sociedad e incentivan a que más personas participen en las actividades ilícitas. En otros países, se ha llegado a lo que se llama extinción de dominio, que es afectar lo que corresponde con el retiro de los bienes a las personas que, en teoría, participan en esas actividades si no pueden justificar el origen lícito de esto.
Este tipo de situaciones golpea severamente el narcotráfico porque difícilmente, salvo, por ejemplo, temas como extradición, en usual los grupos de crimen organizado aún desde prisión siguen disfrutando de los frutos malhabidos de las actividades criminales. El tema acá es que en situaciones como estas, ocurre lo que se llama inversión de la carga de la prueba, en la cual a la persona le congelan los bienes y le dan un plazo para justificar de dónde vienen, cuando debería ser en la lógica que le señalen que estos bienes son malhabidos porque hizo esto, esto, esto y esto, que es como ha funcionado históricamente el derecho, que es que quien acusa debe de aportar las pruebas de demostración.
Obviamente, este tipo de instrumentos legales generan también un poder bastante alto en el Estado y que podría ser utilizado de una mala manera. Además de esto, podría ser una herramienta de persecución de carácter político y también tenemos que considerar que una persona que está en una situación legal e incluso le congelan hasta dineros, posiblemente no va a poder acceder a lo que son servicios legales para defender sus intereses, como corresponde en un estado democrático», detalló Córdoba.
