“Con cárcel debe pagar Carlos Alvarado y la pandilla que lo secundó con la famosa UPAD. Considerada por muchos sectores como terrorismo de estado o policía política y muchas otras ocurrencias que dejaron este país mucho peor de lo que estaba hace 4 años”.
Esa fue la reacción del diputado de Nueva República, David Segura, ante el voto de la Sala IV que declaró inconstitucional la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El legislador agregó que espera acciones judiciales al respecto.
“MI pregunta es: ¿qué va a hacer la Fiscalía?”, sumó, a la vez que recordó otros casos que pesan contra el expresidente.
Junto a él hubo más voces de legisladores que reavivaron sus críticas al polémico plan que surgió en el Gobierno del PAC.
Ojo sobre la UPAD
Otra de las voces es la de la diputada Gloria Navas. En su condición de abogada particular, ella había denunciado a Carlos Alvarado y ahora celebra la decisión del tribunal.
“Es un hito histórico en Costa Rica. Porque se está calificando casi como evidentemente delictiva la conducta de don Carlos Alvarado y su ministro en ese momento e la Presidencia, el señor Morales”, alegó.
Por su parte, Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista destacó que la sentencia se veía venir.
“La Sala IV confirma lo que para todos, excepto quienes promovieron esa barbaridad de la UPAD, era claro. Y es que fue una acción inconstitucional, ilegal y violatoria de la privacidad de los ciudadanos”, afirmó.
Finalmente el Frente Amplio señaló también al Gobierno anterior y pidió no repetir esos errores cuando se trabaje con datos.
“Es importante resaltar que sí efectivamente hacen falta datos para creación de política pública, sin embargo, la recabación de datos de parte del Poder Ejecutivo para posteriormente crear política pública violentando el derecho a la autodeterminación de los datos y a la privacidad de las personas”, puntualizó la legisladora Priscilla Vindas.
En la Asamblea anterior se hizo una amplia investigación por el tema de la UPAD. Incluso se llevó a comparecer a Carlos Alvarado a Cuesta de Moras.
Los nuevos diputados, por su parte, insisten en la necesidad de aprobar leyes que garanticen una protección efectiva de datos.
La Sala IV y la versión de la defensa del expresidente
Aunque el escándalo de la UPAD se dio entre 2019 y 2020, las acciones de inconstitucionalidad tardan en resolverse y hasta ahora se dio el voto.
“La Sala por mayoría concluyó que el citado decreto vulnera, quebranta, el derecho a la autodeterminación informativa, el principio de reserva de ley; y contiene un exceso de la potestad reglamentaria“, dijo su presidente Fernando Castillo
Por su parte los abogados de Carlos Alvarado, Roger Guevara y Rodolfo Brenes, emitieron un comunicado.
En él, sostienen que “el decreto fue derogado por don Carlos Alvarado, por razones de conveniencia, por lo que no surtió efectos, ni se le causó daño o perjuicio a nadie con su emisión”.
“La decisión de la Sala Constitucional no cambia en absoluto el panorama. Una cosa es la legalidad o constitucionalidad de un decreto y otra cosa muy distinta es que se haya cometido un delito con el decreto. La declaratoria de la ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma, ley o decreto es común, y eso no significa automáticamente que constituya un delito”, sumaron.
Finalmente comentaron estar tranquilos y que demostrarán que “en este caso no se cometió delito ni se causó daño ni perjuicio a nadie”.
