Este 20 de noviembre es el Día Mundial de la Infancia, fecha en que se recuerdan la Declaración Universal de Derechos del Niño y la Convención de los Derechos del Niño.
Instituciones que trabajan con la niñez y la adolescencia piden a los diputados escucha real y acciones en pro de esta población.
Este 20 de noviembre es el Día Mundial de la Infancia, fecha en que se recuerda la emisión en 1959 de la Declaración Universal de Derechos del Niño, y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, normas que recopilan derechos de esta población.
Para este 2025, el lema es «Mi día, mis derechos», con el objetivo de fomentar la escucha de la niñez sobre su vida, sus aspiraciones y los desafíos que enfrentan.
Por este motivo, Columbia consultó a diferentes instituciones que trabajan por la protección de la niñez y la adolescencia sobre sus observaciones.
Peticiones de las entidades
Entre ellas está la Fundación PANIAMOR, cuyo director ejecutivo, Oscar Valverde, recordó que sí existen normas que habilitan la participación de esta población, desde consejos participativos hasta gobiernos estudiantiles y espacios municipales y comunitarios.
Sin embargo, aún falta que haya alcance suficiente o sus argumentos se traduzcan en resultados a favor de la niñez.
Además, pidió a los diputados que asuman tres compromisos, pues sus decisiones inciden en el futuro de esta población.
“Uno es que se institucionalice la evaluación de impacto en niñez y adolescencia de todos los proyectos de ley, cada proyecto de ley que se discute en la Asamblea debería analizar cuál podría ser el impacto que va a tener en la población de niños y niñas y adolescentes actual y futura; el segundo elemento es que se fortalezca el Sistema Nacional de Protección, no puede ser que todos los años tengamos que estar peleando, por ejemplo, por presupuesto y en ese sentido hay muchas brechas que el Sistema Nacional de Protección debería resolver en pobreza, violencia, exclusión educativa, desigualdad; y finalmente, abrir en el propio parlamento la voz de niños, niños y adolescentes, sería súper interesante que haya audiencias periódicas con consejos consultivos, organizaciones juveniles o otras experiencias comunitarias de niños y niñas y adolescentes que puedan dialogar con los diputados y diputadas o con la Comisión de Niñez y Adolescencia para hacer de alguna forma control político y también visualizar posibles nuevas marcos legislativos”, expresó.
Desde World Vision Costa Rica, que fomenta espacios seguros y de desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y adolescencia, también coinciden en la existencia de espacios de participación, como el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.
Eso sí, consideran que uno de sus derechos más vulnerados es el de ser escuchados, por lo que Melania Castillo, especialista en incidencia y Protección de World Vision, pidió a los diputados acercarse a esta población.
“A las personas tomadoras de decisión les diríamos que, por favor, se acerquen a los niños, a las niñas, a las personas adolescentes, no se trata solo de escucharles, sino también de validar y tomar en cuenta aquello que ellos y ellas expresan, porque ahí es donde ellos expresan sus necesidades, sus inquietudes, sus preocupaciones, las problemáticas que están viviendo en sus comunidades, es muy importante que eso se traduzca y llegue a proyectos, a programas, acciones puntuales que mejoren la calidad de vida de los niños, las niñas y las personas adolescentes”, manifestó.
Desde el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que es la institución pública encargada de la protección especial de niños y adolescentes, también resaltaron los espacios de participación.
Eso sí, se unen a la petición a los diputados de brindar ámbitos de escucha para la niñez costarricense, según alegó el trabajador social de la Gerencia Técnica, Jose Alberto Bogantes.
“Lo que podemos generar es espacios para que sean escuchados los muchachos y muchachas y también la parte técnica que es muy importante que oriente estos eventuales cambios en la legislación”, indicó.
¿Cómo responden diferentes legisladores a estas peticiones?
Carlos Felipe García, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, resaltó algunos avances.
Entre ellos, se refirió a las investigaciones sobre casos de abuso sexual y el trámite de proyectos relacionados con redes de cuido, PANI y acogimiento prenatal.
“Son muchísimo los temas que están latentes, sin embargo, hemos entregado productos a las diferentes instituciones que son sumamente importantes como la Ley de Acogimiento Prenatal, la Ley de reforma a la gestión del Patronato Nacional de la Infancia cuando tiene que atender niños en condición vulnerable, o iniciativas para ampliar la cobertura de la red de cuido, son muchísimos los temas latentes y pendientes, sin embargo, continuaremos trabajando fuertemente para que Costa Rica siga siendo un referente a nivel mundial en materia de protección de los derechos de la niñez”, comentó.
La violencia contra la niñez y el acoso escolar han sido temas en los que se ha avanzado, según la liberacionista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Monserrat Ruiz.
La diputada argumentó que se han realizado solicitudes a instituciones relacionadas con el tema, y se han impulsado iniciativas relacionadas, por ejemplo, con la difusión de los alcances de la Convención de los Derechos del Niño.
“En esta Asamblea Legislativa aprobamos la Ley 10.476, denominada “Prevención, detección temprana y respuesta de la violencia contra la niñez y adolescencia”, esta es una legislación que viene a cambiar la forma en que se detectan y atienden los casos de violencia contra la niñez, mediante un protocolo de coordinación interinstitucional para la protección de la niñez y adolescencia del país, hemos estado también haciendo diversas solicitudes de información al PANI para saber cómo va su reglamentación e implementación; también estamos impulsando otras iniciativas, como el expediente 24.303 para las niñas y niños que son sobrevivientes de femicidio, el 24.702, que es para declarar de interés público la difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también el 24.166 para la exclusión del PANI de la regla fiscal, y por último el 24.446 para fortalecer la lucha contra el acoso escolar o bullying”, indicó.
Por su parte, la legisladora independiente Johana Obando mencionó que coincide con los señalamientos de las entidades relacionadas con la niñez.
Según Obando, ha existido un abandono del Gobierno hacia esta población, que se ha traducido en acciones contra la educación y espacios como las redes de cuido.
Agregó que, en conjunto con entidades como Unicef, ha impulsado propuestas a favor de esta población, además del control político.
“Hemos presentado varios proyectos de ley de los cuales algunos son leyes de la República, por ejemplo el de acogimiento prenatal, que busca que los niños que sus padres no desean convivir con ellos puedan ser adoptados una vez verificado el nacimiento vivo desde el vientre, es decir, cuando un niño nace se verifica su nacimiento, este niño ya va a ir a un hogar que le ame y que le cuide, un hogar que ya previamente ha sido escogido por parte del Patronato Nacional de la Infancia; otro proyecto de ley que también es ley de la República es las licencias de maternidad y paternidad para padres y madres adoptivos, los cuales les permite estar con sus hijos en los primeros meses que son tan vitales para ese desarrollo de los lazos familiares; asimismo, hemos levantado la voz muchísimas veces en el Plenario y en prensa con la violencia actual que están sufriendo nuestros niños y niñas, con la problemática que presenta el PANI y de poco recurso humano para atender los múltiples problemas que se presentan en materia de niñez y juventud, sobre los procesos tardíos para otorgar las adopciones, y en esa línea hemos presentado en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, de la cual formo parte, varios expedientes de investigación”, explicó.
Entre las investigaciones mencionadas por la diputada Obando se encuentran el tema de las computadoras que no fueron entregadas a estudiantes en condición vulnerable, el aumento del abuso sexual en esta población y los recursos y capacidades del PANI para atender problemas de protección de la niñez.
