La diputada oficialista denunció a vocero del Tribunal Supremo de Elecciones por presunta beligerancia política, luego de críticas del Gobierno hacia el propio TSE.
La denuncia interpuesta por la diputada oficialista, Pilar Cisneros, en contra del vocero del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Gustavo Román, generó reacciones.
Además, surgió la duda sobre los motivos por los cuales surgió la denuncia, considerando la falta de confianza en los magistrados del TSE que han expresado figuras afines al Gobierno, incluyendo al propio presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Consultado al respecto, el subjefe de la fracción oficialista, Daniel Vargas, aseguró que esperan ‘consecuencia’ por parte de los funcionarios electorales.
«En el caso personal de este servidor, me parece que la denuncia se justifica en el tanto, como lo ha demostrado la diputada Cisneros en documento que presenta el Tribunal Supremo de Elecciones, don Gustavo Román en diferentes ocasiones muestra un desprecio o un ataque al proceder del señor presidente de la República, lo cual perfectamente puede influir en la decisión de voto de los costarricenses, si es que se vincula con algún partido o algún movimiento político.
Nos parece que los funcionarios del tribunal tienen que ser absolutamente imparciales y no emitir juicios de valor de ninguna naturaleza y entonces por eso procede la denuncia. ¿Cómo lo va a tomar el tribunal? Bueno, esperemos que sean consecuentes y sometan a escrutinio el comportamiento del señor Román y finalmente puedan explicarle a los costarricenses el porqué de su posición, ya sea positiva o negativa, en cuanto a la investigación que se realice sobre ese funcionario», indicó Vargas.
Para el analista y experto en datos, Mario Quirós, la denuncia no puede analizarse de forma aislada a nivel político.
Quirós mencionó que este tipo de acusaciones son normales, más aún en periodos electorales y suelen ser parte de una estrategia de comunicación.
«Llega en medio de una relación claramente tensa entre el oficialismo y el TSE y viceversa, que ha estado marcada por cuestionamientos constantes mutuos. Esto hace que la acción tenga una carga simbólica especial porque está recurriéndose al mismo órgano que el oficialismo ha criticado y eso plantea una pregunta válida, ¿Es una denuncia jurídica o es una jugada política? Creo que puede ser ambas cosas, porque más allá de si el tribunal decide abrir o no un proceso contra la persona denunciada, definitivamente la denuncia ya cumple un propósito político, que es exponer públicamente los argumentos que el oficialismo quiere dejar claros y reforzar una narrativa de la parcialidad que el oficialismo acusa al tribunal.
En ese sentido, entonces, no es solo una acción dirigida a una institución, sino que puede verse como una pieza más en una estrategia de comunicación. Eso no es nuevo en política. Muchas veces las denuncias, especialmente en contextos electorales o de alta confrontación, no se presentan tanto esperando una resolución favorable, sino buscando generar desgaste, desplazar el foco o marcar una posición frente a la opinión pública. Así fue también la intención de las denuncias que se presentaron contra el presidente por parte de la oposición. Así que, más allá del curso jurídico, estamos también en un terreno de batalla política entre distintos actores políticos, incluido el TSE», explicó Quirós.
Por su parte, el experto en Comunicación Política, Gustavo Araya, cuestionó la intención del oficialismo en presentar dicha denuncia.
Según Araya, se evidenció una falta de conocimiento del concepto de beligerancia política por parte de la diputada Pilar Cisneros.
«Se escudan en que ella no es abogada, pero resulta contradictorio que siendo diputada y por lo tanto responsable de participar en la formación de las leyes, no comprenda ni los conceptos jurídicos más básicos que rigen la función pública, uno de ellos la beligerancia política. En segundo lugar, es absurdo que mientras mientras tanto ellos están lanzando ataques constantes, el chavismo, contra el TSE y el propio Chaves afirma no confiar en dicho órgano, al mismo tiempo recurran al propio TSE, por ridículo que parezca, para que le resuelva un caso en su favor. Esto es una total incoherencia, es absurdo, es ridículo, como lo digo, en términos lógicos, atenta contra la inteligencia de cualquier persona, pues deja en evidencia una postura oportunista y más bien carente de principios institucionales.
En tercer lugar, hay que tomar en consideración que el desconocimiento que tienen de la Constitución Política y de la ley que juraron defender, tanto Chaves como Cisneros, lo que demuestra es que este desconocimiento llega hasta la figura de beligerancia política más que evidente, sino también es contradictoria. Antes, han señalado que una acción del TSE contra Chaves había sido un golpe de Estado. Sin embargo, ahora exigen que el mismo tribunal sancione a otros. Entonces, ¿Es esto también un caso que lo considerarían un golpe contra un funcionario? La inconsistencia es más que evidente.
En definitiva, lo que me deja ver es que el chavismo se ha convertido en una burla, en un mal chiste, en un verdadero circo político. Todo esto, más bien, parece tener un único propósito y es distraer a la población en plena campaña electoral, con el Gobierno participando de manera constante, permanente y sistemática en la campaña electoral, para que no se note que su candidata evita los debates, que tiene serios problemas de comunicación que, como diría la propia Pilar Cisneros, no concreta ni una idea sencilla y para que no se hable de los múltiples casos de corrupción que tiene el chavismo, del montaje que hicieron contra el OIJ, que les salió mal, y del vacío que tienen en la lucha contra el narcotráfico», manifestó el analista.
Finalmente, el abogado constitucional, Marvin Carvajal, también indicó que si bien el Tribunal Supremo de Elecciones puede investigar las actuaciones del funcionario denunciado, no procedía una denuncia por beligerancia política.
«Considerar que hablar bien o mal de una acción del gobierno de turno es beligerancia, es absurdo. Eso significa un amplio desconocimiento acerca de lo que significa involucrarse indebidamente en el proceso electoral, que es lo que constituye la beligerancia. En este caso, la persona de quien se ha hablado es un funcionario público en ejercicio que tiene prohibido participar en el proceso electoral y, por lo tanto, no es candidato de ninguna agrupación ni puede serlo y por lo tanto no puede, cualquier comentario realizado por quien sea, ser considerado un acto de beligerancia.
Me da la impresión de que las explicaciones que se le han tenido que dar a altos funcionarios en cuanto a lo que significa la beligerancia no han surtido los efectos adecuados. No solo porque se siguen dando comentarios muy cercanos a la beligerancia con mucha frecuencia, sino además porque se plantean denuncias completamente faltas de cualquier fundamento, como esta. Ahora bien, como cualquier funcionario público, la persona a quien denunciaron puede ser investigada por la institución para determinar si no ha cometido alguna falta que, por supuesto, no sería de beligerancia por los hechos que le están investigando, pero que va como cualquier otro funcionario público está sometido a una verificación, a un control acerca de la legalidad, la validez de sus actos. Eso es lo que puede hacer el tribunal, determinar si hay alguna razón para que deba proceder de alguna otra forma pero, claramente, por beligerancia no», afirmó el abogado.
