Noticias Columbia había consultado desde septiembre a la entonces candidata Laura Fernández sobre la posible vinculación del personal de seguridad con Casa Presidencial, versión que ella negó categóricamente, asegurando que no utilizó recursos ni funcionarios del Estado.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) analiza una denuncia por el presunto uso de escoltas vinculados a la Presidencia de la República durante la campaña electoral de la hoy presidenta electa Laura Fernández Delgado, entonces candidata del partido Pueblo Soberano (PPSO).
La gestión, presentada el 29 de enero, cuestiona la presencia reiterada de un amplio dispositivo de seguridad en actividades proselitistas, presuntamente integrado por funcionarios ligados a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Este escenario había sido anticipado por Noticias Columbia desde el mes de septiembre, cuando este medio alertó sobre la eventual existencia de prácticas no permitidas en el contexto de la campaña, relacionadas con el uso de personal sujeto a prohibiciones absolutas de participación político-electoral.
En ese momento, la entonces candidata negó categóricamente los señalamientos.
“Sobre los rumores que circulan de que yo uso servicios de seguridad de Casa Presidencial, eso es completamente falso. Es una mentira. Yo no utilizo ningún recurso ni de Casa Presidencial ni del Estado en la campaña. Los recursos que disponemos son propios del partido y están debidamente registrados ante el Tribunal Supremo de Elecciones”, afirmó Fernández en declaraciones previas.
Según la denuncia que ahora analiza el TSE, Fernández habría participado en giras y actos públicos acompañada por hasta 15 guardaespaldas, algunos de los cuales estarían sujetos a un régimen especial de neutralidad absoluta, que les prohíbe cualquier forma de beligerancia política, incluso durante vacaciones o permisos administrativos.
El jefe de despacho de la Presidencia del TSE, Andrei Cambronero, confirmó a Noticias Columbia la recepción del documento y detalló que el caso se encuentra actualmente en etapa de análisis de admisibilidad por parte de la sección especializada que conoce este tipo de denuncias.
La denunciante sostiene que el presunto uso de escoltas vinculados a la DIS por parte de una candidatura presidencial podría configurar beligerancia política, al tratarse de funcionarios sometidos a estrictos deberes de neutralidad institucional.
De comprobarse los hechos, la denuncia advierte que podría haberse vulnerado dicho principio y haberse incurrido en un uso indebido de recursos humanos asociados a la seguridad nacional, lo que eventualmente afectaría la equidad del proceso electoral.
El abogado constitucionalista Felipe Rodríguez explicó que el Código Electoral establece dos niveles de prohibición para los cuerpos policiales: una obligación de neutralidad durante la jornada laboral y una prohibición reforzada, que impide participar en actividades partidarias, asistir a reuniones políticas o utilizar la autoridad del cargo para favorecer a una agrupación política.
Rodríguez señaló que estas disposiciones aplican plenamente a los miembros de la DIS, ya que la Ley General de Policía los incluye dentro de las fuerzas policiales, además de que esa institución cuenta con un código de ética que refuerza las prohibiciones establecidas en el ordenamiento electoral.
Por su parte, el abogado Marvin Carvajal coincidió en el análisis y explicó que la eventual responsabilidad puede variar según la condición de los escoltas. Indicó que exfuncionarios no tendrían impedimento alguno para participar en una campaña, mientras que si se tratara de funcionarios activos, la responsabilidad podría recaer tanto en ellos como en eventuales superiores que hubieran autorizado dichas labores.
Carvajal añadió que el TSE deberá determinar si se trató de actuaciones individuales, si ocurrieron dentro o fuera de la jornada laboral, o si existió algún tipo de autorización administrativa, lo cual podría ampliar el alcance de las responsabilidades.
El caso deberá ser resuelto inicialmente en cuanto a su admisibilidad, para determinar si se abre una investigación formal por presunta beligerancia política o uso indebido de recursos del Estado, prácticas expresamente prohibidas por el ordenamiento electoral costarricense.
Noticias Columbia intentó conocer la posición de la campaña del partido Pueblo Soberano y de la presidenta electa Laura Fernández sobre esta denuncia; sin embargo, al cierre de edición no se había recibido respuesta.
