El expresidente Luis Guillermo Solís y cuatro miembros de su gabinete se enfrentan a esta causa penal.
La causa judicial anunciada este jueves contra el expresidente Luis Guillermo Solís y miembros de su gabinete se persigue por un delito en particular.
En Noticias Columbia conversamos con los abogados penalistas Rodrigo Araya y Ewald Acuña al respecto.
¿Influencia en contra de la Hacienda Pública?
El abogado Ewald Acuña se refirió al delito endilgado al exmandatario Solís: influencia en contra de la Hacienda Pública.
“Es valerse de la posición jerárquica que ostenta un funcionario público para realizar, disponer o ordenar actos que van a perjudicar el patrimonio del Estado; básicamente actos contrarios a los fines de eficiencia y contrarios al deber de probidad que obliga o que vincula la actuación de todos los funcionarios públicos y causan un perjuicio patrimonial”, explicó Acuña.
Este ilícito penal deriva de una ley especial: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, específicamente de su artículo 57, según indicó el litigante Rodrigo Araya.
La pena va de 2 a 8 años de prisión para los funcionarios públicos que tomen decisiones contra la Hacienda Pública, es decir, contra el patrimonio, el dinero o los bienes del Estado.
Si se trata de miembros de Supremos Poderes: ¿es un juicio especial?
Cuando se trata de miembros de los Supremos Poderes el proceso judicial que se lleva a cabo es diferenciado.
Sin embargo, ese proceso no es aplicable al caso del expresidente Solís y los miembros de su gabinete, según explicó Acuña.
“Como son exfuncionarios que ostentaron la condición de miembros de Supremos Poderes del trámite es ordinario. Lo que sigue es la realización de una audiencia preliminar para que el juez valore si hay un grado de probabilidad o no para enviar la causa a juicio, y además cuál es la prueba que se va a recibir eventualmente en la fase de juicio, y luego viene la fase de juicio”, expresó Acuña.
Lo mismo explicó el abogado Rodrigo Araya. Sin embargo, sí debe asistirse a una jurisdicción especial, según amplió este abogado.
“Se tiene que ir a una jurisdicción especial que es la jurisdicción de Hacienda Pública: hay juzgados y tribunales especializados en investigar este tipo de asuntos que precisamente se ubica en la corte de Guadalupe”, concluyó Araya.
