Expertos detallaron afectaciones que podrían darse en contra de los estudiantes por la decisión del Ministerio de Hacienda de disminuir el porcentaje del PIB para educación hasta un 4.9%, lejos del 8% que establece la Constitución Política.
La Defensoría de los Habitantes prevé el incumplimiento del Pacto Nacional de la Educación, ante los recortes que estaría realizando el Ministerio de Hacienda para el presupuesto del próximo año.
Según el ente defensor, esta situación afectaría cuestiones básicas como alcanzar el currículo completo; la falta de inversión deterioraría aún más la infraestructura educativa así como un posible aumento en el plazo de retraso en el pago de salarios.
Además, podría darse un impacto significativo en la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo por falta de nuevos códigos docentes, así como graves problemas que enfrentan las Juntas de Educación y Administrativas por falta de presupuesto para cubrir servicios básicos como agua y luz.
La profesional de Estudios Económicos y Desarrollo de la Defensoría de los Habitantes, Adriana Mora, explicó la preocupación que tienen ante la disminución en la inversión para educación.
«Para contextualizar la situación actual del sector educación existen varios hechos relevantes que la Defensoría de los Habitantes aborda. El primero es que, dentro del marco de la discusión del proyecto de ley de las finanzas públicas, se planteó una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad a la Sala Constitucional, la cual emitió la resolución 19.511-2018, que ningún presupuesto debía ser inferior al del año 2019. A partir de eso, vamos a hablar del tema del 8% del producto interno bruto que, para el año 2019, se le asignó un 7.8% y para el año 2023 un 6.1%. Además, la preocupación del tema del MEP es que para el año 2025, en comparación con el año 2019, se le redujo un 5.3 del presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública. Datos muy concretos y relevantes, la pobreza en los estudiantes de 4 a 18 años ronda el 37%, 12% de pobreza extrema y 25% de pobreza. El motivo principal de no asistencia a la educación formal para el año 2023 es la falta de interés de aprendizaje formal», mencionó la funcionaria de la Defensoría.
Por su parte, la exviceministra de Educación Pública, Rocío Solís, aseguró que nunca se ha visto un recorte de esta magnitud en esta materia.
Además, afirmó que esta situación corresponde a una crisis en todo el sistema educativo nacional.
«Va a afectar, claramente, todo lo que es el Pacto Nacional, en el cual se tenía por escrito que se iba a hacer todo lo del currículo completo en las escuelas que no lo tenían. Sin presupuesto, esto va a ser muy difícil, porque se necesitan más docentes, se necesita más dinero para los salarios y no va a existir, así como todo lo que es la parte de la inclusión educativa. Se necesitan mejores aulas, se necesitan más docentes, personas capacitadas en todo lo que son los temas de inclusión. Además, todo lo que es la parte de la infraestructura se va a ver totalmente afectada. Si ya en estos momentos tenemos una infraestructura que es de muy baja calidad, ahora no teniendo un presupuesto para arreglar lo que se tiene que arreglar y para poder pagar también lo que es el agua y la luz, que tienen que hacerlo la Junta de Educación, se va a ver también menguado el presupuesto que se le dé a la juntas», mencionó Solís.
Para el director de Kamuk School, Rommel Porras, los recortes disminuyen la calidad de la educación y el bienestar general de los estudiantes.
«Cuando hablamos en temas de educación pública, estamos hablando de que tenemos rezago y temas sin resolver, como el tema de la infraestructura. A menos presupuesto, hay menos posibilidades de subsanar todos los temas de infraestructura que ya es alarmante esta situación. Ahora, si esa reducción tiene que ver con afectación a las juntas de educación, a los programas de alimentación a niños, que en las escuelas son los espacios donde ellos posiblemente tengan su única comida, es lamentable. Nadie aprende con el estómago vacío y en ese sentido, lógicamente, que sí tiene una afectación en la calidad de la educación», alertó el experto en educación.
Porras agregó que las autoridades correspondientes no han tenido problemas para decidir la reducción en el presupuesto que asignan al Ministerio de Educación Pública (MEP).
«Lógicamente, si no existe una orientación, una prospección de la calidad de la educación, pierde sentido, pierde relevancia, pierde importancia, por eso es que yo siento que, con mucha facilidad, se toca el Ministerio de Educación Pública para disminuir las necesidades de dinero o el tamaño del presupuesto. Siento que el grave problema en materia de educación es la poca importancia que se le está dando a este tema», añadió Porras.
Finalmente, la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando, lamentó que los recortes en educación provocarían una mayor exclusión escolar en las poblaciones más vulnerables.
«Vamos a tener menos becas, menos infraestructura en escuelas y colegios que se requiere, exclusión de las personas con discapacidad porque los programas se van a cortar y se van a excluir personas que puedan incluirse en este tipo de programas. Las juntas de educación se van a ver afectadas, porque el dinero se va a disminuir para que atiendan las necesidades básicas de las escuelas, como pago de agua, pago de luz e insumos básicos como la alimentación, que recordemos que muchísimos niños lo reciben. Esto va más allá de simplemente un recorte presupuestario para educación, esto conlleva la consecuencia de más jóvenes en la criminalidad, más jóvenes que no van a tener oportunidades de acudir a universidades, más jóvenes que no van a trabajar ni a estudiar», manifestó la legisladora liberal.
