Mientras se hacía la presentación de proyectos de ley sobre seguridad este lunes, el diputado José Miguel Villalobos se encontraba en tribunales de justicia participando como abogado en un juicio sobre narcotráfico.
La participación del diputado oficialista José Miguel Villalobos en un juicio de narcotráfico mientras se presentaban proyectos de seguridad en el Congreso reaviva el debate sobre si debe limitarse el ejercicio liberal de la profesión a los legisladores.
Este lunes, la presidenta Laura Fernández acudió a la Asamblea Legislativa para presentar seis nuevas iniciativas de ley en materia de seguridad, acompañada de ministros y la mayoría de diputados oficialistas.
Al mismo tiempo, el diputado José Miguel Villalobos se encontraba en tribunales de justicia participando como abogado en un juicio sobre narcotráfico, según dieron a conocer los medios de comunicación.
Consultado por Columbia al respecto, Villalobos respondió entre críticas que se referirá al asunto en la sesión del Plenario Legislativo.
“No oirá ningún comentario de mi parte a ningún medio, sino en el Plenario Legislativo, nada más señalar que me parece tan interesante el amarillismo de los medios de comunicación y la falta de seriedad para abordar los temas complejos de nuestra sociedad”, fue la respuesta del diputado de gobierno.
Antecedentes
Así como Villalobos, otros diputados han sido noticia por realizar labores propias de su profesión durante su período como integrantes del Primer Poder de la República.
Por ejemplo, en el cuatrienio anterior, se cuestionó al diputado liberal Jorge Dengo por una publicación en una red social de empleo, en la que buscaba trabajo; también a la diputada independiente Gloria Navas, cuando acudió a un centro penitenciario para atender a un cliente.
Años atrás, el diputado de Renovación Costarricense, Justo Orozco, fue suspendido como notario por celebrar matrimonios en su despacho.
Estas situaciones han llevado a que se presenten varias iniciativas para impedir que los diputados ejerzan su profesión y reciban una remuneración mientras ocupan una curul, como la propuesta de José María Villalta (exp. 21.270) que fue archivada en el 2023.
La más reciente es la reforma a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para prohibir a los legisladores el ejercicio remunerado de profesiones liberales y otras actividades remuneradas (exp. 24.282), propuesta por el exdiputado Jonathan Acuña con el apoyo de liberacionistas y oficialistas como Pilar Cisneros.
La propuesta se encuentra en la agenda del Plenario Legislativo desde marzo del 2025, y desde entonces no ha habido ninguna acción al respecto.
¿Consideran las fracciones retomar una propuesta en esta línea? Columbia consultó a las diferentes fracciones, pero no se ha recibido respuesta.
