Plataforma de transporte cumple 10 años de funcionar en el país mientras sigue la discusión sobre eventuales regulaciones por el impacto en el servicio de taxi.
El 21 de agosto del 2015 comenzó el servicio de Uber en Costa Rica. En aquel entonces solo funcionaba en San José. Era una novedad solicitar un servicio de transporte mediante una aplicación móvil, usando el sistema de GPS para ubicar el vehículo más próximo y pagando mediante el cargo a una tarjeta de crédito o con débito automático.
Los conductores se denominan «socios colaboradores» y reciben un porcentaje de los viajes que realizan. Bajo esta modalidad, son considerados como independientes. Es común, entre quienes participan, escuchar la frase: «estoy haciendo Uber» como una forma de referirse a su trabajo.
La gerente general de Uber para Centroamérica y el Caribe, Laura Santillán, dijo que actualmente hay 28.000 personas que dan servicios en las plataforma.
«Hace 10 años teníamos solo un producto en el portafolio y solamente operábamos en la capital de Costa Rica y 10 años después tenemos presencia en las siete provincias. Llegamos de frontera a frontera, ofreciendo un portafolio de más de 10 productos con diferentes situaciones de uso», expresó.
«Dentro de esos 28 mil colaboradores socios colaboradores tenemos diferentes perfiles: el que lo utiliza como fuente principal de sus ingresos y el que lo utiliza para complementar sus ganancias ocasionalmente. Del otro lado de la ecuación tenemos una plataforma que moviliza a más de un millón de costarricenses en el país», añadió.
Uber también tiene un Centro de Excelencia en Heredia. Es uno de los dos que existen en Latinoamérica. Ahí laboran 480 personas.
Controversia
El funcionamiento de Uber en Costa Rica también ha provocado reacciones adversas dentro del gremio de los taxistas pues consideran que su estabilidad se vio afectada por las operaciones de esta y otras plataformas similares.
Los taxistas sostienen que están dando el servicio de transporte en clara desventaja pues a ellos les fija la tarifa la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y además deben pagar anualmente un derecho a esa entidad y al Consejo de Transporte Público (CTP). A eso se suma que están obligados a realizar dos revisiones técnicas al año.
Recientemente, el director ejecutivo del CTP, Rafael Herrera, dijo a Noticias Columbia que la institución ha visto «con gran preocupación» la cantidad baja de renovaciones de placas de taxis.
«Hace muchos años eran 11 mil y 13 mil placas y actualmente tenemos renovadas menos de 6 mil. Parte de esa preocupación ha sido prorrogarles en dos ocasiones el período para renovación. La última prórroga es hasta el último día hábil de este 2025. Esperemos que repunte un poco, sin embargo, el sector taxi ha sido también muy golpeado por las plataformas y ello ha hecho que no les sea rentable y devuelvan la placa», afirmó.
Aunque varias administraciones y diferentes conformaciones de la Asamblea Legislativa han hablado de «regular» las plataformas, los proyectos de ley surgen sin una aprobación.
¿Qué dice la empresa?
En entrevista este martes, consultamos a Santillán cuál es la posición de la empresa con respecto a la regulación de las plataformas.
La vocera respodió que en Uber están abiertos al diálogo y creen en las «regulaciones modernas y flexibles».
«Participamos activamente de una comisión que es liderada por la Cámara de Comercio donde están diferentes plataformas en pro de buscar una regulación moderna para el servicio. Independientemente de los proyectos que han habido en esta primera década de Uber en el país, nosotros tenemos una operación dentro dle marco regulatorio vigente en el país y que promueve diálogo abierto», indicó.
Escuche aquí la entrevista completa:
Santillán aseveró que es necesaria una priorización desde el Gobierno para eventualmente aprobar un proyecto de ley pues hay muchas iniciativas que tienen diferentes ángulos y perspectivas pero que ninguna ha tenido el potencial que defina una regulación.
«Todos los proyectos han tenido diferentes aspectos a conversar; unos precios, uno el canon, otro el tema de mantenimiento, los permisos y demás. Te puedo decir que son situaciones de movilidad diferentes. El taxi es un servicio público, es un servicio regulado y las plataformas de movilidad en el país son independientes», acotó.
«En ese sentido, los socios colaboradores que generan ganancias en las plataformas como Uber lo hacen desde diferentes perfiles; algunos a tiempo completo, algunos ocasionalmente y la regulación en sí tiene que tener en consideración todos estos aspectos para buscar una propuesta que se adapte al modelo flexible y moderno que es Uber», resaltó.
