Durante las últimas semanas el presidente Rodrigo Chaves ha manifestado que el ente contralor en anteriores administraciones era más laxa.
Durante la última semana hemos escuchado hablar en reiteradas ocasiones de la Contraloría General de la República y el papel que cumple el contralora o contralora en las gestiones de administración del país.
Esto debido a los cuestionamientos que han surgido desde el Poder Ejecutivo y Legislativo.
Dicho ente es un órgano Constitucional que depende del Poder Legislativo pero que tiene absoluta independencia del mismo, el contralor o contralora es nombrado por los diputados cada 8 años, con la posibilidad de reelegirse indefinidamente.
En el caso de Martha Acosta ingresó al cargo en el 2012 y se reeligió en el año 2020.
Según su definición en la constitución, la contraloría es el ente, que busca el control y el buen uso de la hacienda pública, como lo explica el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal.
“La Contraloría pues tiene una serie de competencias específicas en materia por ejemplo de contratación administrativa, en materia de aprobación de presupuestos, de las instituciones autónomas en la verificación de la liquidación del presupuesto del Estado y en una serie de labores de investigación frente a posibles comisiones de faltas que puedan haber afectado la hacienda pública, es decir el buen uso, el buen manejo que se dé a los recursos del Estado y
en una serie de labores de investigación frente a la posible comisión de faltas que puedan haber afectado la hacienda pública”.
Carvajal agregó que dicha función de la contraloría se podría comparar con la de un auditor de una empresa, que vela por el buen funcionamiento de la misma, eso sí guardando las diferencias del caso.
“Esa persona el auditor, o la auditora de una empresa básicamente tiene que verificar que las acciones se realicen de acuerdo con el marco de la empresa que se cumplan los objetivos, que se sigan las reglas, que se siga el marco, estableciendo la diferencia fundamental, por supuesto es que el estado se encuentra fuertemente regulado y sometido al derecho, es decir el Estado tiene que cumplir el principio de legalidad, solamente puedo hacer aquello que le esté expresamente autorizado y la Contraloría General de la República, por lo tanto es una especie de auditor del Estado, pero que además tiene que considerar que el estado debe apegarse a un marco normativo”.
Ahora bien, con los cuestionamientos de la rigurosidad de la contraloría durante los últimos días por parte del presidente Rodrigo Chaves, el gabinete y hasta los diputados el analista político de la Universidad Nacional José Andres Díaz comentó que estas diferencias son habituales, sin embargo el tono no es algo usual.
“Eso lleva aquí en que algunos casos la contraloría tenga que cambiar el criterio cuando se le presentan y pues no hace evidencias de nuevos argumentos o en otros también lleva al poder ejecutivo a tener ya finalmente que acatar las órdenes y disposiciones de la contraloría cuando no puede probar que lo que está queriendo hacer pues se acoge a la legalidad o normativa y que tiene el país en una situación como la actual, donde el presidente de la república crítica a la contraloría y más que todo a la figura de la señora contralora y no es algo usual que suceda en en Costa Rica”
Además Díaz agregó que esto parecería ser una estrategia para desviar la atención y las responsabilidades del ejecutivo.
“De que el Ejecutivo en este momento está diciendo que la contraloría no estaba realizando acciones de vigilancia, que anteriormente era más laxa cuando pues la evidencia no me parece sustentarlo, parece incluso que no podría pensar, suponer o generar una hipótesis de que es una estrategia para tratar de desviar responsabilidad en lugar de asumir la necesidad y las acciones de cambiar algunos procesos para ajustarlos a la normativa del país, se asegura transparencia, la efectividad y la eficacia de las decisiones, pues se genera esta idea de que es culpa tal vez de lente controlador”.
Ante estos cuestionamientos el Movimiento “Mujeres por la Dignidad y la Democracia, del Foro Político de Mujeres” publicó este domingo un documento como señal de respaldo a la contralora general de la República, Marta Acosta.
Entre las 38 firmantes está la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva y la exprimera Dama, Claudia Dobles, esta última indicó a Noticias Columbia que se deben de retomar los valores democráticos que caracteriza a nuestro país.
“Reconocidas mujeres a nivel nacional nos hemos unido para hacer un llamado de respeto a la institucionalidad, Costa Rica en este momento requiere de trabajo conjunto, de colaboración entre la ciudadanía y entre los supremos poderes, es importante que retomemos los valores democráticos por los que siempre nos hemos caracterizado entre ellos la capacidad de diálogo respetuoso”.
Otra de las firmantes es la exministra de Salud, María Luisa Ávila, quien dijo que la intención del documento es defender la institucionalidad
“Que independientemente de lo que podamos opinar de la contraloría general de la república y que obviamente muchas personas hemos sido críticas de ella, pero no podemos permitir que haya un ataque a la institucionalidad nacional porque aquí no es solamente la contraloría, lo que está en peligro es la institucionalidad”.
Recordemos que el presidente de la República le solicitó a la Contralora Martha Acosta reunirse para conocer las posiciones de la misma, a lo que Acosta mediante una carta respondió que lo podría atender en la sede de la Contraloría el próximo jueves 25 de enero, eso sí junto a otros integrantes de su equipo y de hacerse, sería grabada en audio en su totalidad para luego colocarla en la página web.
Consultado por Noticias Columbia este domingo por la tarde, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que aún no ha respondido el planteamiento que hizo Acosta de recibir al mandatario el jueves 25 de enero a las 3:30 de la tarde en la sede del ente contralor en La Sabana.
