La disposición del 8% a la educación se fijó debido a una reforma al artículo 78 de la Constitución Política en el 2011.
Tras la reciente resolución de la Sala Constitucional, se declaró inconstitucional por omisión el proyecto de presupuesto 2025, debido al incumplimiento del 8% del PIB para la educación, luego de una consulta presentada por la Defensoría de los Habitantes.
La disposición del 8% a la educación se fijó debido a una reforma al artículo 78 de la Constitución Política en el 2011, cuando se estableció la obligación del Estado de destinar un presupuesto mínimo del 8% anual del PIB a la educación estatal, incluida la superior.
Según detalló el académico de la Universidad Nacional, Pablo Chaverri, el porcentaje tiene una explicación.
“Se empieza a ver que ya no es suficiente con decir que la educación general pública es un derecho y hay que financiarla, sino que además hay que establecer los detalles de ese derecho y además hay que establecer qué significa garantizar ese derecho desde el punto de vista de la inversión pública, entonces se inicia una discusión sobre cuáles son los fondos apropiados, cómo el Estado va a financiar la educación y cuánto sería algo apropiado acá; el tema técnico-económico es complejo, porque esto también varía dependiendo del tamaño de la economía, por ejemplo: algunos señalan que algunos países que invierten menos proporción de su Producto Interno Bruto tienen mejores resultados educativos que Costa Rica, pero tienen más tiempo invirtiendo en educación, una población general más educadada y al tener un ingreso per cápita mayor ese menor porcentaje del Producto Interno Bruto es en realidad un mayor porcentaje desde el punto de vista nominal, es decir, cuántos colones o cuántos dólares son los que se invierten por estudiante al año; ha habido discursos de que un 8% es mucho porque es uno de los promedios más altos de la OCDE si lo vemos desde la perspectiva porcentual, pero si lo vemos desde la perspectiva nominal Costa Rica nunca ha llegado al 8%, pero incluso invirtiendo nominalmente una menor cantidad de dinero de recursos por estudiante, qué es lo que invierten otros países”, explicó.
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal mencionó que, en caso de no lograr alcanzar el 8%, la reforma constitucional establecía que la inversión en educación, en relación con el PIB, no podía ser menor a la del año anterior.
No obstante, la norma constitucional ha sido incumplida desde el 2014, tanto por las administraciones PAC como la actual. En el 2024 se destinó alrededor del 5.2% para educación, y para este 2025 el porcentaje fue de 4.9% del PIB.
Esto trae consecuencias negativas en el desarrollo educativo del país, a criterio de la exviceministra de Educación, Rocío Solís.
“Ya estamos viendo cómo todos estos rebajos en los presupuestos han venido afectando todo lo que es la parte social, la educación y en este caso todo lo que son los comedores escolares, las becas, el transporte, la contratación de los docentes, la parte de infraestructura, de la calidad educativa, todo esto está trastornando todo lo que es el proceso que tiene que tener un Ministerio de Educación para que cumpla con una calidad de educación; cuando se pensó en el 8% del Producto Interno Bruto siempre se ha pensado en que Costa Rica tiene que seguir adelante y que tiene que ser vanguardista en lo que son los temas de educación, como siempre ha sido en el mundo, que siempre ha sido un país que se vanagloria y que ha puesto a los mejores profesionales ante el mundo, yo creo que en estos momentos no podemos echar atrás y en estos momentos de crisis social es cuando más se debe apostar a la educación”, reflexionó.
¿Actuarán los diputados para ajustar el presupuesto de la educación?
Según comentó la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, sin embargo, siente que no hay voluntad para llegar al porcentaje solicitado.
“Podría hacer algún ajuste mediante un presupuesto extraordinario, siempre y cuando pueda tener una certificación de ingresos para hacer el debido ajuste, no obstante, dentro de las posibilidades que ha tenido el Ministerio de Hacienda no ha mostrado ninguna voluntad, ni siquiera compromiso con ajustar, o más bien, fortalecer la educación costarricense, por el contrario, sistemáticamente ha venido debilitando año tras año, y en este Gobierno ha sido la relación más baja con el PIB que ha habido en la historia, y por lo tanto demuestra que no han querido fortalecer la educación”, cuestionó.
Por su parte, el subjefe de la bancada oficialista Daniel Vargas señaló que el Ministerio de Hacienda no planea ajustar el presupuesto destinado a la materia.
Según indicó, las finanzas estatales no permiten llegar al 8% del PIB para educación.
“No hay planes en Hacienda para modificar el presupuesto nacional en función de la respuesta a la consulta constitucional que resolvió la Sala con relación al presupuesto de Educación; desafortunadamente, por el comportamiento histórico en el manejo de las finanzas públicas, los presupuestos actuales no dan margen a incrementos sustanciales en el presupuesto de Educación a menos que se realicen cambios estrujen el financiamiento del Estado”, respondió.
A criterio del constitucionalista Marvin Carvajal, este pronunciamiento de la Sala Constitucional fue sobre un proyecto de ley, no sobre la ley que ya está vigente, por lo que no tendrá un efecto directo en la misma ni la anularía.
Noticias Columbia consultó al Ministerio de Educación respecto al tema, pero se comunicó que el tema será abordado en la conferencia de prensa de Presidencia.
