El Programa Estado Nación (PEN) dio a conocer este jueves el décimo Informe del Estado de la Educación, en el que se advierte que la grave crisis educativa continúa.
El Programa Estado Nación (PEN) dio a conocer este jueves el décimo Informe del Estado de la Educación, en el que se advierte que, lejos de atender la grave crisis educativa alertada en la edición anterior, aún no se trabaja en mejorar la situación.
Según el informe, hubo tres factores que ayudaron a agudizar la crisis: rezagos estructurales acumulados durante décadas, las interrupciones educativas por huelgas y pandemia entre 2018 y 2022, y la falta de una política clara ni planes de continuidad.
¿Cuáles deberían ser los primeros pasos para “encaminar” la educación?
Susana Jiménez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional, apuntó a la necesidad de revisar la formación docente.
“Quienes formamos personas docentes necesitamos revisar qué estamos haciendo en la formación inicial, pero también necesitamos revisar qué estamos haciendo y qué podemos hacer por las personas que ya están en las aulas, que ya están en contacto con el estudiantado, con los padres de familia, en las comunidades, en contextos muy diversos, con condiciones socioeducativas múltiples, y de qué forma podemos nosotros también armar, junto con otros actores tanto sociales como políticos, una estrategia país donde podamos realmente ayudar a la educación costarricense a levantarla y a ponerla en el nivel en que la teníamos años atrás”, apuntó.
La exviceministra de Educación Pública, Rocío Solís, lamentó que la crisis se acumule y se agudice debido a los recortes en inversión social. Por ende, la principal acción para la exjerarca está en el aumento en la inversión educativa.
“La reducción de la inversión está comprometiendo toda la capacidad que tiene el sistema para sostener todos esos logros que nosotros habíamos tenido y también poder seguir avanzando, como la cobertura en las escuelas, la educación técnica, reforzar el inglés que tanto nos interesa, la infraestructura educativa que está en una decadencia total, y la calidad del servicio que se presta; la educación no es un gasto, la educación es una inversión, y si no seguimos invirtiendo en educación vamos a ver más las consecuencias de esta crisis social”, cuestionó.
Desde el mismo Programa Estado Nación plantearon algunas acciones para mejorar la educación.
Isabel Román, coordinadora de investigación del PEN, explicó que uno de los cambios necesarios está en traducir los resultados de las pruebas nacionales e internacionales en acciones en las aulas, así como que exista una entidad externa al Ministerio de Educación (MEP) que evalúe la calidad de la educación.
“El Ministerio no ha sido capaz de agarrar esos resultados y llevarlos, devolverlos al aula para que haya procesos de mejora educativa, la evaluación tiene un sentido, no se evalúa por evaluar, se evalúa para saber en qué estamos fallando y cómo mejorar eso, entonces aquí lo que hemos tenido es un gran problema para llevar esos resultados al aula; el informe propone que ya es hora de sacar el tema de la macroevaluación del Ministerio de Educación, porque aquí el Ministerio es juez y parte, o sea, hace pruebas, saca la información de los centros educativos y luego se lo tiene que subir al ministro, ningún ministro se va a querer bien ver mal, entonces el informe lo que propone es crear una Agencia Nacional de Evaluación de altísima calidad”, detalló.
La representación sindical apuntó a un nuevo “Pacto Social por la Educación” que incluya inversión progresiva, gobernanza fortalecida y políticas públicas basadas en evidencia, además de voluntad política, según apuntó Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
Columbia consultó al Ministerio de Educación, sin embargo, desde la Oficina de Prensa se indicó que el ministro está analizando el informe y que dará su parecer hasta la próxima semana.
Desde la Asamblea Legislativa, el oficialista Manuel Morales señaló que el Gobierno trabaja en la atención de la crisis educativa en tres líneas.
“Primero, fortalecer el financiamiento educativo de forma responsable y sostenible; segundo, impulsar políticas públicas más precisas para garantizar aprendizajes básicos de calidad; y, por último, exigir mayor eficiencia y transparencia en la gestión institucional, sólo así vamos a cerrar brechas y a devolver la educación, ese papel de motor del desarrollo y la equidad social, y este es un llamado de atención para todos y todas de cómo desde nuestros hogares y desde las instituciones que representamos, debemos seguir el rastro para que uno de los pilares de nuestra sociedad pueda ser siempre accesible y de calidad”, enumeró.
