Diputados mantienen criterios opuestos en proyecto de ley que permitiría congelamiento de bienes a quien se sospeche que se enriqueció de manera ilícita.
Una iniciativa para reformar la Ley Contra la Delincuencia Organizada, conocida como proyecto de extinción de dominio, fue declarada constitucional por la Sala Constitucional, luego de que se aprobara en primer debate a finales de agosto de este año.
Esta propuesta ha sido altamente cuestionada por parte de algunos diputados, principalmente del Partido Liberal Progresista (PLP), quienes solicitaron la revisión en la Sala.
Según explicó el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, únicamente un elemento del proyecto se declaró con vicio de inconstitucionalidad, el cual tiene que ver con la notificación a las personas investigadas.
Eso sí, se considera que esta situación es un tema de fondo y no es vinculante, lo que permitirá que siga su curso en la corriente legislativa.
«La Sala Constitucional evacuó la consulta de constitucionalidad facultativa presentada sobre el proyecto de ley de extinción de dominio. Por unanimidad, la Sala Constitucional, en la mayoría de los asuntos consultados, no encontró vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, sí encontró un vicio de inconstitucionalidad en relación con una norma que establece que se podrá también notificar el traslado de la denuncia en medios que la persona hubiese señalado en juicios anteriores al traslado de esa denuncia. Para la Sala, esa redacción resulta imprecisa, resulta muy amplia y, por lo tanto, violatoria del derecho de defensa y del debido proceso», destacó Castillo.
El jefe de fracción del PLP, Luis Diego Vargas, indicó que son respetuosos de la declaratoria de la Sala Constitucional; sin embargo, no comparten lo señalado por este órgano.
Además, el liberal recordó las razones por las cuales se oponen a este proyecto de ley.
«Se trata, para nosotros, de una extinción de dominio donde se invierte la carga de la prueba, violentando derechos fundamentales y libertades individuales. Se quiere dar una herramienta muy poderosa que en manos de malas personas puede ser utilizada para hasta revanchismos políticos o comerciales. Se pretende quitar los bienes sin tan siquiera existir una denuncia. (…) Nosotros seguiremos insistiendo en la peligrosidad de este proyecto», manifestó Vargas.
Por el contrario, el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilbert Jiménez, celebró el visto bueno que dio la Sala Constitucional al proyecto.
El verdiblanco mencionó que corregirán el tema de las notificaciones, el cual fue la única observación de inconstitucionalidad que señaló la Sala.
«Es una lucha contra todos estos actos irregulares, de difícil procedencia o demostración, propiamente, en actos ilícitos. Sentimos una gran alegría y lo único que sí nos dice, es que tenemos que hacer una reforma pequeñita al inciso A correspondiente a lo que es la notificación para aquellas personas jurídicas- Naturalmente, eso lo tenemos claro con respecto a la ley de notificaciones y lo estaríamos determinando en esa medida, de tal manera que exista previamente digamos la respectiva notificación y que sea la misma autoridad judicial la que lo autorice en su proceso normativo», apuntó el liberacionista.
