Los asesinatos contra personas por motivo de su color de piel, etnia, sexo, religión, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual o identidad de género, serán sancionados con penas entre 20 y 35 años, al ser calificados como crímenes de odio.
Así quedo establecido en la ley que modifica el artículo 112 del Código Penal, firmada esta mañana por el Presidente de la República, Carlos Alvarado y la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar.
En la actividad de firma de la ley, participaron representantes de diferentes organizaciones nacionales y activistas. Enrique Joseph, comisionado presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, celebró el logro e hizo un llamado para mejorar el acceso a la justicia para la población afrocostarricense.
Por su parte, Jota Vargas, comisionada para asuntos LGTBI, explicó que los delitos de odio no son crímenes ordinarios sino que buscan atacar a toda la población.
En el evento estuvo presente el diputado de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, quien dio el mérito a las comunidades activistas.
La carencia de una normativa de este tipo había sido señalada en múltiples ocasiones por grupos activistas del país y organismos internacionales de derechos humanos.
