Magistrados resolvieron acción en contra de Unidad Presidencial de Análisis de Datos. El expresidente Carlos Alvarado está acusado por esta polémica creación.
La Sala Constitucional declaró inconstitucional la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Por mayoría, el Tribunal resolvió que el artículo 7 párrafo segundo del decreto “infringió el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales, y que excedió la potestad reglamentaria en lo que se refiere al otorgamiento de potestades de imperio a dicho órgano”.
Dicha sección dice que “también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD. En estos casos, la UPAD y las instituciones deberán establecer acuerdos de gobernanza para garantizar un uso responsable y coherente de los datos que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza pública”.
Por esta Unidad, el expresidente de la República, Carlos Alvarado, está acusado por los presuntos delitos de Prevaricato (dictar una resolución contraria a la ley), Fraude de Ley y abuso de autoridad.
Los abogados del exmandatario, Roger Guevara y Rodolfo Brenes, expresaron su posición ante lo sucedido mediante un mensaje escrito.
“Somos respetuosos de las decisiones judiciales. Es importante recordar que el decreto fue derogado por don Carlos Alvarado, por razones de conveniencia, por lo que no surtió efectos, ni se le causó daño o perjuicio a nadie con su emisión”, indicaron.
Según los abogados de Alvarado, la decisión de la Sala Constitucional no cambia el panorama del proceso que se lleva en contra del expresidente por este mismo caso.
“Una cosa es la legalidad o constitucionalidad de un decreto y otra cosa muy distinta es que se haya cometido un delito con el decreto. La declaratoria de la ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma, ley o decreto es común, y eso no significa automáticamente que constituya un delito”, aseguraron.
Los abogados insistieron en que “nos mantenemos tranquilos y demostraremos, en el momento oportuno y ante las autoridades correspondientes, que en este caso no se cometió delito ni se causó daño ni perjuicio a nadie”.
