Ambos países acordaron mantener reuniones bimensuales durante los próximos meses para dar seguimiento a los operativos, evaluar resultados y fortalecer la coordinación en la lucha contra la minería ilegal en la zona fronteriza.
Costa Rica y Nicaragua acordaron reforzar la coordinación policial en la frontera para enfrentar el tránsito irregular de sedimentos y la minería ilegal vinculada a Crucitas, en Cutris de San Carlos.
El encuentro bilateral contó con la participación del canciller Arnoldo André, el ministro de Seguridad Mario Zamora y autoridades nicaragüenses, entre ellas el canciller Valdrack Jaentschke, mandos del Ejército y fuerzas policiales destacadas en la zona fronteriza.
Más patrullaje y comunicación directa
Uno de los principales acuerdos fue mejorar el patrullaje en el río San Juan —territorio nicaragüense— y en las riberas correspondientes a cada país. Las autoridades explicaron que cuando los coligalleros ingresan al río, salen de la jurisdicción costarricense, lo que complica su detención.
Para enfrentar esta situación, se establecieron “operaciones combinadas”, es decir, acciones coordinadas desde cada lado de la frontera, sin patrullajes integrados entre ambos países.
Además, se designará un punto focal de comunicación en cada nación para intercambiar información inmediata durante los operativos. En el caso de Costa Rica, el viceministro Eric Lacayo fue nombrado como enlace oficial.
Reuniones cada dos meses
Como parte del seguimiento, ambos países acordaron reunirse cada dos meses para evaluar resultados, identificar obstáculos y fortalecer la coordinación. El próximo encuentro se realizará el 24 de abril en territorio costarricense.
El ministro Zamora señaló que el fenómeno debe abordarse como crimen organizado transnacional y no como delincuencia común, lo que permitiría aplicar sanciones más severas en Costa Rica.
Por su parte, el canciller André destacó que todas las solicitudes planteadas por Costa Rica fueron atendidas positivamente y subrayó que las relaciones fronterizas deben mantenerse en cooperación constante, independientemente de diferencias en otros ámbitos de política exterior.
Las autoridades coincidieron en que, aunque estos acuerdos buscan contener el fenómeno en la frontera, la solución de fondo en el caso de Crucitas dependerá también de las decisiones que adopte la Asamblea Legislativa sobre la regulación de la explotación minera en la zona.
