- La tarifa por minuto ignora los costos de red y pone en jaque la expansión de la recarga en Costa Rica.
Costa Rica podría cerrar el año con 35.000 vehículos eléctricos, pero el país aún no tiene un modelo tarifario que regule la recarga, a pesar de que es un servicio que depende directamente de energía eléctrica.
Hoy, la ley solo permite que distribuidoras autorizadas vendan electricidad.
Los privados que con cargadores instalados pueden cobrar por “uso del equipo”, nunca por la energía consumida.
ARESEP ha tratado este tema como un simple “servicio de recarga”, sin considerar el componente energético.
El 18 de noviembre se consultó a ARESEP sobre los vacíos regulatorios. Aún no hay respuesta.
Mientras tanto, crece la demanda de empresas que buscan electrificar sus flotas, pero sin un marco claro.
El ICE confirma la tendencia.
Jeremy Prado, coordinador de Desarrollo y Soluciones de Negocios, explica que el interés empresarial va en aumento, pero que el país no tiene reglas para operadores privados:
“A la fecha, el ICE ha recibido un número creciente de consultas de empresas interesadas en instalar cargadores privados en sus propias flotas. (…) Para flotas privadas, como vehículos livianos, de logística o transporte empresarial, no existe hoy una tarifa diferenciada. En esos casos, la energía se factura según el esquema tarifario asignado al cliente.”
Sobre la legalidad de cobrar recarga, recalca:
“Desde el punto de vista regulatorio, la venta de electricidad es considerada un servicio de interés general y sujeta a la regulación tarifaria. Solo las empresas distribuidoras pueden vender electricidad. Un tercero podría cobrar servicios complementarios como parqueo, pero no la energía.”
¿Qué está haciendo la Asamblea?
Desde el año pasado se discute el proyecto 24.171, que busca ordenar la infraestructura de carga y definir tarifas.
En octubre, el presidente del ICE envió una carta a los diputados donde advierte que el proyecto debe corregirse.
El documento recomienda:
- Definir con precisión el modelo tarifario para operadores públicos y privados.
- Reconocer todos los costos asociados al servicio de recarga.
- Incluir regulación para financiar centros de recarga no rentables.
La regulación, dice el ICE, es urgente para evitar riesgos técnicos, sobrecargas, impactos en transformadores y problemas de sostenibilidad financiera.
El presidente de ASOMOVE, Eric Orlich, señala que la falta de regulación crea inseguridad jurídica:
“En el país está prohibida la venta de electricidad, lo que hace que se genere una duda cuando un particular quiere dar el servicio de carga. (…) ARESEP ha dicho que dar un servicio de carga es eso, un servicio de carga, por lo tanto cualquier privado lo puede brindar, y eso ha traído que ya en Costa Rica se han comenzado a poner cargadores privados.”
El abogado administrativo Christian Campos advierte que el problema es estructural y frena la competencia:
“Cuando un mercado está abierto y permite múltiples opciones, los que ganan son los consumidores. Pero cuando un mercado tiene barreras de entrada, como en este caso que solo los distribuidores o concesionarios pueden prestar recarga eléctrica, la pluralidad de ofertas se ve coartada. Tenemos un problema estructural que debe corregirse pronto.”
