Un estudio del Idespo de la Universidad Nacional revela graves brechas en la preparación ciudadana y comunitaria para enfrentar desastres en Costa Rica.
Un nuevo estudio del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) revela que la mayoría de costarricenses considera que el país no está preparado para enfrentar una emergencia ante un desastre natural.
El informe Participación ciudadana en la gestión integral del riesgo de desastres en Costa Rica 2025 muestra que 7 de cada 10 personas creen que Costa Rica está “poco preparada” y un 10% asegura que está “nada preparada”.
Inundaciones más frecuentes y procesos lentos de atención
Entre las principales razones, la población señala la falta de preparación ante eventos naturales, deficiencias en las instituciones a cargo y escasos recursos económicos destinados a la gestión del riesgo.
La investigadora Jaqueline Centeno destacó además que el país experimenta inundaciones cada vez más frecuentes, algunas provocadas por fallas estructurales en las comunidades, y que los procesos de atención continúan siendo lentos y poco eficientes.
El estudio también apunta a un débil proceso de educación en riesgo, uno de los factores más señalados por las personas participantes.
Idespo recomienda educación en gestión del riesgo desde la primera infancia
El informe hace un llamado a fortalecer la formación en riesgo desde edades tempranas.
Entre las recomendaciones mencionan integrar estos contenidos en:
- kínder
- escuelas
- colegios
- universidades
Esto para disminuir brechas de conocimiento y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.
Alta sensación de vulnerabilidad, pero poca preparación en los hogares
Aunque la población se siente vulnerable ante diferentes amenazas —principalmente terremotos, huracanes, tornados, incendios forestales e inundaciones— la preparación en los hogares sigue siendo mínima.
La mayoría solamente cuenta con artículos básicos como focos con batería o botiquines; sin embargo, solo 3 de cada 10 hogares tienen un plan de emergencia.
Las herramientas recomendadas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), como planes familiares, rutas de evacuación o planes comunitarios, están ausentes en la mayoría de hogares costarricenses.
Conocimiento bajo sobre gestión del riesgo
El estudio revela además que:
- 2 de cada 10 personas no saben qué significa gestión del riesgo de desastres.
- 90% desconoce la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo.
Esta normativa establece las medidas para reducir afectaciones y proteger a la población ante eventos naturales.
Comités comunales ausentes y poca participación ciudadana
Más de la mitad de las personas afirma que en su barrio no existe un Comité Comunal de Emergencias, y casi la mitad asegura no contar con un plan comunitario para enfrentar desastres.
Pese a esto, el 75% considera “muy importante” involucrarse en estas tareas, según explicó la investigadora Marianela González.
Un hallazgo clave es que, aunque la población reconoce la importancia, menos del 50% ha participado en simulacros o actividades preventivas.
González subraya que la preparación no debe recaer solo en instituciones, sino también en la responsabilidad individual y comunitaria.
Instituciones mejor y peor valoradas
En cuanto a la información que brindan las instituciones:
- Ovsicori y la Red Sismológica Nacional son percibidas como claras y accesibles.
- La CNE, pese a ser el ente rector, obtiene la calificación más baja.
Idespo: el país necesita un sistema ordenado y educativo de gestión del riesgo
La investigadora Heidy Vega explicó que el país requiere fortalecer los comités comunales, promover procesos de capacitación y difundir información clara para mejorar la organización comunitaria.
Añadió que la gestión del riesgo debe convertirse en un sistema nacional ordenado, estructurado y sostenido, que incluya bases educativas, participación comunitaria y acciones articuladas entre instituciones.
Vega enfatizó que, aunque la CNE es el ente rector, la responsabilidad no es únicamente suya. Las municipalidades, los actores locales y la ciudadanía deben involucrarse para exigir y construir políticas públicas que integren la gestión integral del riesgo como prioridad.
