Comisión de Enlace se reunió este miércoles para ver temas como los ataques a balazos contra vehículos de jueza y fiscal.
En las últimas tres semanas, fueron noticia los ataques a balazos contra los vehículos de un fiscal y una jueza. Los hechos ocurrieron en Garabito y en Aserrí respectivamente.
Además, en febrero, una balacera dejó una persona fallecida frente a los Tribunales de Limón. Varios balazos impactaron la fachada del edificio.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, vocero de la Comisión de Enlace, dijo a Noticias Columbia que se está brindando apoyo y seguridad a los funcionarios cuyos carros fueron baleados.
“A partir de cada evento, hay una activación de todos los protocolos de actuación para brindarle a las personas el apoyo y mayor nivel de seguridad. Evidentemente, esos dos eventos han sido examinados y nos están ayudando a poder articular de mejor manera el trabajo que tengamos que hacer con nuestros usuarios internos”, expresó.
Las circunstancias de ambos tiroteos se mantienen en investigación. Como parte de las pesquisas se debe determinar si los ataques se debieron a la condición de funcionarios judiciales que ostentan ambas personas o si medió algún otro motivo.
“No podríamos nosotros adelantar ningún dato respecto a esa investigación que está en una fase que es privada. Estoy completamente seguro de que en el momento en que estemos en condiciones, desde la Policía o la Fiscalía se dará la información correspondiente”, añadió.
Alfaro dijo que se ha capacitado a 400 funcionarios judiciales en cuanto a la forma de mantener la seguridad personal o cómo actuar en caso de una situación de riesgo en las sedes judiciales.
“Una cuestión importante aquí es cómo cada uno de nosotros, los funcionarios judiciales gestionamos nuestra seguridad. Aquí es importante que las 13 mil personas que trabajamos en esta institución estemos capacitadas y recibamos las herramientas desde el patrono para poder enfrentar cualquier tipo de riesgo”.
”Desde enero para acá hay esfuerzos para que las personas tengan herramientas a partir de capacitación sobre autoprotección, sobre tirador activo, para poder enfrentar una situación como esa que esperemos que no se dé”, resaltó.
El vocero reconoció que en el Poder Judicial hay personas que, por su tipo de labor, están más expuestas que otras a los riesgos. Afirmó que eso lleva a tener dos líneas de acción: una macro. que involucra a todos los trabajadores y una más específica que tiene que ver con la labor y con el grado de peligro que se pueda identificar en relación con el ejercicio de las funciones.
Instalaciones
El magistrado comentó que desde el 2021, expertos han analizado más de 200 instalaciones del Poder Judicial en todo el país (propias y alquiladas) con la finalidad de determinar fortalezas y vulnerabilidades.
Los resultados se están utilizando para tomar medidas. Estas acciones y los lugares no se dan a conocer por razones de seguridad.
“Los expertos nos han identificado por mapas de calor cuáles son los lugares donde existe más grado de peligro o riesgo institucional. Ese diagnóstico es lo que nos está permitiendo llevar adelante el trabajo en reforzamiento en seguridad perimetral de algunos locales nuestros”, recalcó.
