La iniciativa busca ofrecer oportunidades laborales a personas con pensiones atrasadas y evitar su detención por apremio corporal. El programa sería administrado por el Ministerio de Trabajo.
La Corte Plena brindó su aval al proyecto de ley que busca crear una bolsa de empleo para personas con pensiones alimentarias atrasadas, con el fin de ofrecer oportunidades laborales a quienes tienen cuotas pendientes y así evitar la detención por apremio corporal.
El informe fue presentado por la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón, quien explicó que la iniciativa ya había llegado en otras ocasiones a la Corte, pero algunos aspectos no estaban claramente definidos.
“En aquel momento señalamos que no estaban bien delimitadas las responsabilidades de lo que se pretendía con esta figura. La idea es ofrecer a las personas obligadas alimentarias, que no pueden pagar y enfrentan una orden de apremio corporal, la posibilidad de solicitar el pago en tractos de la deuda. En ese momento, las funciones y alcances del proyecto no estaban bien determinados”, explicó Chacón.
La propuesta, presentada por el Partido Nueva República desde 2019, plantea que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) administre la Bolsa de Empleabilidad Laboral para Deudores Alimentarios, con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral y garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares.
“Esta bolsa tiene dos objetivos: promover la inserción laboral de las personas deudoras alimentarias y asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria. Será administrada por la Dirección de Empleo del Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección del Empleo del Ministerio de Trabajo”, detalló la magistrada.
Chacón agregó que el Ministerio de Trabajo deberá facilitar a las personas incluidas en la bolsa de empleabilidad ofertas laborales públicas o privadas que les permitan regularizar su situación.
“Las personas deudoras alimentarias podrán solicitar ante el juzgado correspondiente su inclusión en la bolsa de empleabilidad en cualquier etapa del proceso. El juzgado deberá remitir la solicitud al Ministerio de Trabajo en un plazo máximo de 24 horas. Además, quienes ingresen serán incluidas como parte de un grupo de población especial dentro del Sistema Nacional de Empleo”, añadió.
El proyecto también permitiría que quienes tengan deudas y una orden de apremio puedan presentar una oferta laboral certificada o un contrato de trabajo, acompañados de un plan de pago para ponerse al día. Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la iniciativa.
“La alternativa está dirigida a quienes tengan una o varias cuotas atrasadas y deseen conseguir una opción laboral por medio del Ministerio de Trabajo. Si alguna persona presenta documentos falsos para acceder a los beneficios, se le aplicará de inmediato el apremio corporal”, advirtió la magistrada.
Según Chacón, las reformas no afectan la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial, ya que las funciones asignadas a los jueces se mantienen dentro de sus competencias actuales. La Corte respaldó su criterio y dio luz verde al avance del expediente 21.540, que ahora continuará su trámite en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el jefe de fracción del Partido Nueva República, diputado Fabricio Alvarado, celebró el voto favorable de la Corte y aseguró que impulsará el proyecto en las próximas reuniones de jefes de fracción.
“Este proyecto es de nuestro total interés. Ha avanzado poco a poco y celebramos el voto positivo de la Corte Plena. Nuestro objetivo es que se apruebe lo antes posible. Ya está listo para primer debate y esperamos incluirlo pronto en la agenda legislativa”, afirmó Alvarado.
