El aval permitirá reactivar los pagos a más de mil familias que cuidan personas con enfermedades crónicas o terminales. El presidente Rodrigo Chaves criticó duramente a la contralora Marta Acosta, mientras legisladores celebraron la resolución.
La Contraloría General de la República aprobó los recursos presupuestarios para el pago de las licencias de cuido, destinadas a personas que atienden pacientes con enfermedades crónicas o en etapa terminal.
Esta decisión llega luego de semanas de tensiones políticas, en medio de los señalamientos del presidente Rodrigo Chaves hacia la contralora general, Marta Acosta. El mandatario cuestionó el retraso en la aprobación del presupuesto y lanzó fuertes críticas durante una de sus intervenciones públicas.
“El descaro marca de Marta Acosta, Jonathan Acuña, es tal que si al final del día interpreta la ley como le da la gana para joder al gobierno, aunque la consecuencia sean esas 1200 familias, yo me como el costo político de presentar un proyecto nuevo. […] Lo que está haciendo no tiene ni vergüenza ni perdón de Dios”, expresó Chaves.
El presidente también aseguró estar dispuesto a hacer “lo que sea necesario” para garantizar el pago a las familias afectadas.
“Si tengo que hincarme a rezarle a Dios frente a cámaras para ayudar a esa gente, lo hago. Ese no es el orgullo de Rodrigo Chaves; mi orgullo es defender la prosperidad de los costarricenses”, añadió.
Desde la Asamblea Legislativa, el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, explicó que la decisión de la Contraloría se fundamentó en jurisprudencia y resoluciones recientes de la Sala Constitucional.
“La Contraloría termina aprobando este presupuesto sustentada específicamente en resoluciones de la Sala Constitucional, donde madres reclamaban el pago mediante recursos de amparo. A partir de esos fallos, se reconoce el subsidio como un derecho, lo que permitió la aprobación de los recursos”, detalló Acuña.
El legislador añadió que su fracción había solicitado la semana anterior que el ente contralor valorara esas resoluciones, con el fin de destrabar el proceso.
“Nos alegra esta decisión, porque así lo pedimos. Ahora corresponde que los recursos se giren a la Caja con la mayor celeridad posible, para llegar a todas las familias afectadas”, insistió.
Durante las últimas semanas, varios legisladores cuestionaron la lentitud del Ejecutivo para resolver el problema. Incluso, la diputada oficialista Pilar Cisneros reconoció haber apoyado una moción presentada por Acuña, aunque admitió que contenía un error técnico.
“Yo sé que la moción fue suya y yo sé que la aprobé en Hacendarios, pero no tomé en cuenta que la coletilla que usted le metió no permite pagar esos recursos, y usted lo sabe perfectamente bien. Así que no mienta”, le dijo Cisneros al frenteamplista durante una sesión.
Con la aprobación de la Contraloría, el Gobierno deberá girar los fondos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que los pagos sean realizados de manera retroactiva desde agosto, mes en que se suspendieron las transferencias.
