El monitoreo electrónico de las personas que se mantienen vigiladas cumpliendo una condena, sigue siendo un tema sin resolver.
Durante el año pasado, el Ministerio de Justicia otorgó un contrato adicional a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, proveedor del servicio los años anteriores.
Mientras tanto, se abrió una licitación internacional para buscar un nuevo proveedor del monitoreo.
Todas las empresas que participaron cumplieron con los requisitos, pero ninguna brindó una oferta completa para las necesidades del Ministerio de Justicia, de acuerdo con la institución.
Eso generó que en diciembre, la cartera de Justicia declarara infructuosa la adjudicación del concurso. Como consecuencia, cuatro empresas que participaron en la licitación, apelaron esta decisión ante la Contraloría.
La ministra de Justicia explicó el procedimiento que permanece en la Contraloría General de la República.
En caso que la Contraloría declare que el concurso para conseguir un nuevo proveedor de monitoreo efectivamente fue infructuoso, el Ministerio de Justicia abrirá una nueva licitación internacional para continuar en la búsqueda de quién brinde el servicio.
Justicia defiende que ninguna oferta cumplió con todos los aspectos técnicos, legales, presupuestarios y financieros establecidos para esta contratación.
En total se recibieron siete ofertas; seis fueron admitidas y analizadas por instancias técnicas del Ministerio, entre ellas la Unidad de Monitoreo Electrónico, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección Financiera y la Proveeduría Institucional.
El servicio de monitoreo se mantiene en funcionamiento con recursos del presupuesto ordinario aprobados como parte del presupuesto 2022.
A la fecha, 1,909 personas se encuentran bajo esta modalidad.
