Desde la Gerencia Médica de la CCSS respondieron al informe de la Contraloría sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo.
La Contraloría General de la República emitió un informe sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), herramienta utilizada por el Gobierno para establecer sus objetivos.
Según reveló el estudio, se evidenciaron inconsistencias que afectan la rendición de cuentas y la toma de decisiones públicas.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) duplicaron la cantidad de egresados en programas de formación de inglés, tecnologías de la información y turismo, entre otros.
La gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas, Julissa Sáenz, se refirió a otros de los hallazgos del informe en materia de salud e inversión social.
«La Contraloría analizó la calidad de la información reportada sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo. De 18 metas analizadas, ocho presentaron incumplimientos significativos. Por ejemplo, en el sector salud, al menos 9.300 pacientes que fueron derivados a otros centros depurados o atendidos, no fueron incluidos en el cálculo del plazo de espera para cirugía ambulatoria. Asimismo, el avance reportado sobre el Hospital de Limón no contó con respaldo documental. En el sector de bienestar, se reportaron 13.500 hogares de más que recibieron el beneficio de atención a familias y no se reportó información de jóvenes adultos certificados cuando sí existían registros. Se presentaron inconsistencias técnicas en la meta relacionada con la protección del recurso hídrico», afirmó Sáenz.
Con respecto al hallazgo sobre salud, se detalla que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) excluyó a 9.339 personas que han estado en espera para cirugía ambulatoria de los informes sobre lista de espera.
Para el representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Deivis Ovares, el Gobierno ha manipulado en más de una oportunidad algunos datos relacionados con la institución, lo cual perjudica a los asegurados.
«El tema de la manipulación en la información, del sesgo y de las inconsistencias, no es algo nuevo en este gobierno. Esto ya se había presentado cuando se quiso, por medio de estudios actuariales que hoy son objetos de investigación en el Ministerio Público por haber sido alterados, cuando se quiso deslegitimar a la Seguridad Social costarricense y causar un daño reputacional a la CCSS con el falaz e ilegítimo discurso de que la Caja estaba quebrada. Hoy, vemos que la CGR encuentra una serie de inconsistencias en los informes que están presentados y que, lamentablemente, tienden a legitimar otra situación que no es la que viven los asegurados en la CCSS. Es muy lamentable que se juegue así con la salud de los costarricenses. Es muy lamentable que mediante la desinformación, el sesgo, la manipulación y las inconsistencias se pretenda ocultar una realidad que afecta a la salud del pueblo costarricense y que sobre todo también es tendiente a generar cortinas de humo que permitan que se perpetúen las problemáticas que hoy afectan a miles de asegurados. No es posible que este comportamiento se siga dando, se deben sentar responsabilidades severas sobre las personas que continúan en este tipo de prácticas», manifestó Ovares.
En la misma línea se refirió el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), Lenin Hernández, quien calificó este hallazgo como lamentable y vergonzoso.
Además, el líder sindical culpó a la Gerencia Médica y a la Junta Directiva de los problemas con los datos de las listas de espera en la institución.
«No es la Caja la que oculta, no. Aquí hay un responsable y es el gerente médico actual de la institución y su equipo de trabajo quien, de una u otra forma, tratan de invisibilizar el serio problema que tenemos con la lista de espera. Esto viene a reafirmar la denuncia que nosotros hicimos el 14 de de de mayo del presente año donde lo señalamos. Nótese que nuestro señalamiento fue para pacientes de primera vez es para un procedimiento diagnóstico, esa primer cita con un médico especialista. Es decir, los números podrían aumentar más en la integralidad de la lista de espera. Por tal razón es que consideramos nosotros que la Junta Directiva, en este momento, es el primer responsable de lo que está ocurriendo si permiten que desde la Gerencia Médica se oculte información para favorecer el discurso del señor presidente. Creo que la parte política bajo ninguna circunstancia puede involucrarse con la data, con información transparente de la gestión de la Caja, porque con la vida y la salud no se juega. El Dr. Alexander Sánchez Cabo ante estos elementos evidenciados debería renunciar como gerente interino de la Gerencia Médica de la Caja», pidió Hernández.
Desde la Gerencia Médica dieron su posición sobre lo que ocurre con las listas de espera en la institución.
“Las cirugías ambulatorias son aquellos procedimientos quirúrgicos en los que el usuario no permanece más de 24 horas en el establecimiento de salud posterior a su cirugía. En esta categoría también se incluyen procedimientos diagnósticos que ameriten anestesia general o sedación, y algún tiempo de recuperación. La derivación de pacientes se establece con la finalidad de mejorar el abordaje en red de quienes pueden resolverse en otros establecimientos de salud.
Esta gestión beneficia a pacientes que, por ejemplo, han cambiado de domicilio, permitiéndoles mantener el tiempo de espera que tenían en el hospital al que estaban adscritos previamente. Este procedimiento se realiza mediante el sistema ARCA y permite el máximo aprovechamiento de los médicos especialistas a nivel institucional, de forma que estos puedan dar respuesta a las necesidades médicas de las personas.
La gestión de los plazos promedios de espera se basa en información generada mediante cálculos automatizados, de acuerdo con la base de datos que produce el Área de Estadística en Salud de la CCSS, con corte anual o mensual, según lo requerido por el ente competente para su respectivo análisis”, afirmaron mediante un comunicado.
Ahora, ¿Qué faculta a la Contraloría para realizar estas revisiones?
Según el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal, la ley orgánica de la institución señala que una de sus atribuciones es el control y fiscalización superior.
Además, el experto recordó que esto no significa que la Contraloría establezca las metas que debe cumplir el Gobierno, pero sí puede vigilar su desarrollo.
«Entre otras atribuciones, esto le permite a la Contraloría revisar la planificación que realizan los entes y órganos públicos. Cuando me refiero a planificación, estoy mencionando los planes operativos, los planes estratégicos de cada institución, los planes sectoriales, por ejemplo, el plan sectorial eléctrico, el plan sectorial relacionado con el agua, con la protección del medio ambiente, es decir, con diversos temas. Todos estos planes responden al Plan Nacional de Desarrollo. Precisamente, para la Contraloría es muy importante revisar que quienes estén a cargo del Gobierno estén cumpliendo adecuadamente las metas y los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante recordar que la CGR no le dice al Estado o al Gobierno cuáles son esos objetivos estratégicos, es el Estado el que los define a partir de la ley, a partir de sus promesas de campaña, a partir de situaciones de la realidad actual, pero una vez que el Estado los define en el Plan Nacional de Desarrollo, a la Contraloría le corresponde vigilar y velar porque efectivamente esos objetivos se cumplan de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo», explicó Carvajal.
En la misma línea se refirió el abogado y excontralor general de la República, Alex Solís.
El experto afirmó que la Contraloría tiene competencia para determinar no solo si se cumplió o no el Plan Nacional de Desarrollo, sino si se hizo con eficiencia.
«Dado que, en una democracia el poder político que ejercen los gobernantes, así como el patrimonio público provienen del pueblo, dichos gobernantes no solo están obligados a que ese poder y ese patrimonio se utilicen en favor del bien común, sino también tienen la obligación de rendir cuentas, someterse a la evaluación de resultados y responder por lo que no hagan bien. En otros términos, en una democracia no se gobierna para cualquier fin ni de cualquier forma: debe actuarse en favor del interés general bien común y de manera eficiente y eficaz. En ese tanto, la Contraloría General de la República, con fundamento en el artículo 183 y 184 de la Constitución Política, 17, 21, y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, está habilitada para realizar auditorías especiales para determinar, por ejemplo, si se cumplieron o no las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública en relación con las obras realizadas durante un periodo», afirmó el exjerarca de la CGR.
