Organizaciones de la sociedad civil presentarán informe sobre situación actual de la población con discapacidad en foro de la ONU, la próxima semana.
Costa Rica rendirá cuentas ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), entre el 13 y 14 de marzo, en Ginebra, Suiza.
De parte del país, se presentará un informe realizado por organizaciones de la sociedad civil que representan a poblaciones con discapacidad.
Wendy Barrantes, quien forma parte del Centro de vida independiente Morpho, explicó que una deuda pendiente de Costa Rica tiene que ver con las consultas para proyectos de ley que impactan en la vida de las personas con discapacidad.
“Existen pendientes en cuanto, por ejemplo, a la no consulta a la población en situación de discapacidad sobre intereses que le competen. Esto quiere decir, que por ejemplo, se están aprobando leyes o proyectos en Costa Rica que no llevan aprobación de las personas en situación de discapacidad. En ningún momento se nos ha consultado si nos va a afectar o no nos va a afectar y, en las pocas veces en que se ha hecho esa consulta, se ha hecho a través de mecanismos que no cumplen, que no están en formatos accesibles, por lo cual deja fuera a un gran número de personas en situación de discapacidad”, detalló la representante.
De igual manera, Barrantes, quien presentará el informe en Ginebra, indicó que el país tampoco ha garantizado el acceso a trabajo a la población con discapacidad.
“El Estado tampoco ha dado un efectivo cumplimiento a la Ley 8.868 cuyo nombre es Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público. No ha habido un cumplimiento de esta ley y esta permite el empleo del 5% en instituciones públicas de personas en situación de discapacidad. Esto realmente ha sido como una ilusión porque no se está ejecutando y tampoco se están dando capacitaciones para concientizar también a los funcionarios sobre la importancia de poder emplear a las personas en situación de discapacidad”, añadió Barrantes.
La abogada y activista en Derechos Humanos, Larissa Arroyo, mencionó que, luego de la presentación del informe, el país deberá acatar las recomendaciones que se realicen desde el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Eventualmente, vamos a tener una recomendación que Costa Rica tiene que implementar, porque el comité es el órgano legítimo para la interpretación de esta Convención y sabemos que en Costa Rica las convenciones internacionales de Derechos Humanos tienen un carácter supraconstitucional, siempre y cuando amplíen la protección y el reconocimiento de ese derecho”, detalló Arroyo.
Finalmente, el diputado de Nueva República (PNR) y presidente de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, Yonder Salas, confirmó que se han acatado algunas recomendaciones que ha realizado el Comité de la ONU.
“Concretamente, la observación número 7 se relaciona con la participación y consulta de los representantes de organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas y otras que no están legalmente constituidas a la hora de elaborar leyes, reglamentos y políticas que tienen que ver con esta población. Concretamente, la reforma los artículos 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa sobre la consulta de organizaciones de personas con discapacidad. Nos encontramos construyendo un mecanismo de consulta legislativa a organizaciones de personas con discapacidad, única en su género en América Latina, de la mano con varios representantes de organizaciones de todo el país”, aseguró el legislador.
