La propuesta ha trascendido a varias administraciones: hacemos un repaso por los planes y los años con sello Columbia.
“Ciudad Gobierno” es el nombre que se le ha dado a un proyecto en particular: la construcción de un complejo de edificios en San José que reúna a varias instituciones estatales en un mismo lugar, y así, liberar al Estado del pago millonario de alquileres anuales.
Aunque fue un tema constante durante la administración Chaves Robles, la idea ha trascendido a varios gobiernos.
2008-2014: los gobiernos de Liberación Nacional
Roberto Gallardo, quien fungió como ministro de Planificación y Política Económica en las administraciones Arias-Sánchez y Chinchilla-Miranda, comentó que ya en ese entonces se hablaba de Ciudad Gobierno.
Según el exjerarca, la idea tenía dos objetivos: centralizar en un mismo lugar todos los trámites gubernamentales posibles y disminuir o eliminar el gasto en alquileres.
“Existía la idea de hacer una especie de centro cívico integrando a la Asamblea Legislativa en su ubicación anterior, que es cercana a la actual, y de ahí edificar una serie de sedes de gobierno; ese proyecto no avanzó porque requería de un proceso de expropiación muy intensivo que en este país es muy complejo”, expresó el exministro.
Gallardo indicó que en el gobierno de Laura Chinchilla se retomó el proyecto pero en una nueva ubicación, en unos predios del Consejo Nacional de Producción cercanos a la Municipalidad de San José.
“La idea era crear un fideicomiso y con eso financiar la construcción de los edificios, pero no hubo tiempo de avanzar en esa dirección”, agregó.
2014-2022: los gobiernos de Acción Ciudadana
Para el 2014, la presidencia quedó en manos del Partido Acción Ciudadana. La administración Solís-Rivera retomó el proyecto de Ciudad Gobierno, e incluso le dio “Declaratoria de Interés Nacional”, a través de un decreto firmado por el presidente Luis Guillermo Solís, y varios ministerios.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia en ese gobierno, indicó que en ese período se hizo el primer intento concreto.
“El proyecto es básicamente el mismo, es juntar a las instituciones alrededor de un terreno para hacer más eficiente todo el proceso de la administración, y eso en la administración Solís se empezó, se hizo el primer contrato para el edificio del MOPT, y eso se refrendó por la Contraloría, pero después la Asamblea Legislativa se lo trajo abajo en un proceso de control político muy irracional”, indicó.
Durante la administración Alvarado Quesada, el proyecto también estuvo sobre la mesa, según comentó el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Desde su punto de vista, los arrendamientos realizados por el Estado para instituciones públicas son sumamente altos, de alrededor de 60 mil millones de colones, lo que motivaba al proyecto.
“En el gobierno de don Carlos Alvarado Quesada también se había echado adelante un proyecto Ciudad Gobierno que había quedado bastante avanzado hacia el final, ese proyecto fue coordinado por doña Pilar Garrido, quien era la ministra de Planificación, y hasta donde recuerdo se había llegado incluso a un nivel donde ya se estaba avanzando con el BCIE en un crédito para poder generar ese proyecto en el lugar donde hoy se encuentra no solo el MOPT, sino hacia el fondo, prácticamente pegando con una zona de edificios residenciales que queda al final, donde está lo que algunos llaman las caballerizas, y además integrar eso con todo el sistema de transporte público, que en este caso iba a estar encabezado propiamente por el tren eléctrico”, explicó.
2022-2026: el gobierno de Rodrigo Chaves
En 2023, el Gobierno de Rodrigo Chaves anunció que, a través de un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y luego de un concurso de propuestas de diseño, se impulsaría la obra.
“Será el Banco Centroamericano de Integración Económica quien asumirá el desarrollo, la construcción y el financiamiento de esta obra gigantesca, el banco va a alquilar los cinco edificios de más de 21 pisos cada una y en esas oficinas van a trabajar unos 10 mil funcionarios públicos; las torres que conformarán la Ciudad Gobierno van a tener la última tecnología y va a facilitar a los ciudadanos realizar sus trámites en un solo lugar, pero además va a incluir comercio, servicios y un gran parque urbano con más de 5.000 árboles”, dijo en el Plenario Legislativo la entonces diputada oficialista Pilar Cisneros.
La propuesta se llevaría a cabo a través de dos proyectos de ley presentados a finales del 2023: el 24.100 y el 24.099, que buscaban reinterpretar y modificar la Ley de Contratación Pública para alivianar los requisitos para el desarrollo de la obra, situación que fue cuestionada por la Contraloría General de la República.
Pasaron los meses, una encerrona, una propuesta de referendo y tensos pulsos entre el expresidente Chaves y los exdiputados, y la propuesta no se concretó.
¿Llegará Ciudad Gobierno en la administración Fernández Delgado?
En la Asamblea Legislativa se mantiene el proyecto de ley 24.099, una reforma de dos artículos de la Ley General de Contratación Pública para permitir que la excepción de compra y arrendamiento de bienes inmuebles sea aplicable para la construcción de edificaciones.
El proyecto cuenta con un criterio negativo emitido por la mayoría de integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la pasada conformación legislativa, entre los cuales estuvo la liberacionista Alejandra Larios.
“El proyecto de ley 24.099 no es un proyecto para construir Ciudad Gobierno, es un proyecto de ley para reformar la ley de contratación administrativa, por lo tanto, en caso de que llegara a ser ley de la República, la administración podría utilizarlo para para hacer Ciudad Gobierno, pero también para cualquier otro tipo de contratación porque se está reformando la ley en general, y específicamente la reforma lo que indica es que se pueden hacer contrataciones a dedo, las cuales no tendrían apelación y eso definitivamente promovería la corrupción y el tráfico de influencias”, explicó la exdiputada.
La discusión del proyecto se retomó esta semana, por lo que diferentes legisladores de oposición también manifestaron su preocupación por el proyecto.
Sin embargo, los diputados de gobierno decidieron rechazar el informe negativo, manteniendo viva la iniciativa impulsada por el propio Poder Ejecutivo.
La diputada Esmeralda Britton se refirió a la decisión tomada por la fracción de Pueblo Soberano.
“Es un tema muy importante porque es un proyecto del gobierno que le ayudará miles de millones de colones al país y nosotros seguiremos trabajando para que esto se apruebe, lamentamos que el bloque de oposición no quiera ir por la ruta que hemos establecido, pero nosotros seguiremos trabajando precisamente para aprobar lo más pronto posible este proyecto”, indicó.
