Adaptación Social rechaza que se incurriera en agresiones, traslados injustificados «o prácticas que puedan constituir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes».
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias divulgó una serie de fotografías este domingo con el fin de denunciar presuntos maltratos ocurridos el viernes 9 de octubre contra personas recluidas en la cárcel Jorge Arturo Montero (La Reforma) en Alajuela.
Rafael Ángel García Cordero, fundador de la Organización No Gubernamental, afirmó que las imágenes presuntamente fueron captadas por un «alto funcionario de seguridad de la cárcel» que no está de acuerdo con las prácticas que se están realizando durante las requisas.
«Vemos en estas fotografías cómo se les dio un trato cruel y degradante porque no solo se les tiró al suelo, sino que se les obligó a estar en el suelo mojado, con la cara en el pavimento durante tres horas», dijo.
Citando el testimonio del funcionario, García afirmó que la situación se originó debido a un problema con la alimentación que no alcanzó para todos los privados de libertad que estaban en esos pabellones.
«Llevaron el almuerzo solo para 200, quedaron 20 sin comer. Cuando pidieron comida para estos privados de libertad, es cuando el señor Gabriel Aguilar, junto con su cuerpo de seguridad, ingresaron a este pabellón y comenzaron a tirar a todos los privados de libertad al suelo. Si el privado de libertad levantaba la cabeza se la majaban con el pie, con el zapato y les daban puntapiés en las costillas para que no levantaran la cabeza, pegando la cara en el suelo, sin importar que estuviera mojado o seco», expresó.
«¿Qué tiene que ver esto con el orden y la disciplina? (…) Esto es un trato cruel y degradante y vamos a presentar las denuncias correspondientes ante la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes y el Poder Judicial. Creemos que hay que ponerle un alto al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar», recalcó.
La tarde de este domingo, el Ministerio de Justicia y Paz emitió un comunicado de la directora de Adaptación Social, Lucrecia Tejada Cordoncillo, en el cual, niega cualquier acto de abuso de autoridad en perjuicio de internos.
«La Dirección General de Adaptación Social, en el ejercicio de las competencias conferidas por su Ley de Creación y el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, particularmente en materia de tratamiento, ubicación y traslado de los privados de libertad, rechaza categóricamente cualquier señalamiento que atribuya a esta administración actuaciones arbitrarias, agresiones físicas, golpes, traslados injustificados o prácticas que puedan constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes», dice el primer párrafo.
El comunicado menciona que «las manifestaciones de resistencia frente a las medidas de control y disciplina penitenciaria no deslegitiman las competencias, ni las obligaciones de la administración para garantizar la seguridad, el orden y la convivencia dentro de los establecimientos penales».
«El orden, la disciplina y la seguridad no son negociables, aunque a algunos les moleste y les incomode; su cumplimiento constituye una obligación institucional en beneficio de la población penitenciaria, del personal y de la seguridad del país», agrega.
Este es el resto del documento:
Este comunicado se suma a las declaraciones, por escrito, del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, quien el sábado rechazó que en la requisa del viernes hubiera agresiones contra privados de libertad.
«Se trató de un operativo de rutina en conjunto con el MSP (Ministerio de Seguridad) con el uso de escáneres móviles para detectar objetos prohibidos, con el resultado de una gran cantidad de armas punzocortantes decomisadas. Es evidente que ante la inminente apertura del CACCO haya tensión en la población privada de libertad, y recurren a este tipo de denuncias», resaltó.
