Tegucigalpa, 19 ene (EFE).- El exfuncionario hondureño Marco Bográn, acusado de la compra irregular de siete hospitales móviles para atender la pandemia junto a otro exdirectivo, solicitó este miércoles acceso a internet y un mejor trato en la unidad militar donde está preso desde 2021, al finalizar el primer día del juicio.
Bográn, exdirector de la estatal Inversiones Estratégica de Honduras (Invest-H), comentó en la audiencia que porta su computadora portátil con toda la información del caso por el que le acusa el Ministerio Público, pero no tiene acceso a internet para descargarla.
Por ello, solicitó que se le permita a él y a Alex Moraes, exadministrador de Invest-H, también preso, “tener wifi y comunicación permanente con nuestros abogados y familiares”.
“No estamos pagando una pena, por lo tanto, no debemos estar incomunicados ni encerrados, no deben nuestros comestibles ser lanzados al suelo”, subrayó Bográn.
En el primer día del juicio contra los exfuncionarios hondureños, las partes procesales presentaron “incidentes” para lograr que se les “admitan más medios de prueba”, indicó el Poder Judicial de Honduras en un comunicado.
Bográn y Moraes permanecieron en la sala del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción hasta terminar la primera vista del juicio, que concluirá el 31 de enero, agregó.
Los exfuncionarios son acusados de dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios en la compra de siete hospitales a una empresa en Turquía, por un coste de 47,5 millones de dólares.
En el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público se señala que los hospitales “no brindan la atención para lo que fueron adquiridos, lo que causa un perjuicio económico para el Estado”, añadió.
Los hospitales móviles fueron comprados entre marzo y abril de 2020 por Bográn y Moraes, quienes están recluidos desde 2021 en una unidad militar cercana a la capital hondureña.
Las unidades móviles se compraron de manera “directa y fraudulenta” a través del guatemalteco Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, quien tiene una orden de captura con alerta roja internacional desde abril de 2021, según el Ministerio Público.
El empresario guatemalteco es acusado también por dos delitos de fraude a título de cooperador necesario y, en Estados Unidos, donde reside, le han sido asegurados más de 100 millones de lempiras (4,1 millones de dólares) de una cuenta bancaria.
El delito de violación de los deberes de los funcionarios es castigado con una pena de entre tres a seis años de prisión y la inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la condena, según el artículo 349 del Código Penal de Honduras.
En tanto, el delito de fraude es sancionado con hasta nueve años de cárcel más la inhabilitación absoluta doble del tiempo que dure la pena.
