Expertos señalan que los problemas de legitimidad no son recientes, aunque hoy se amplifican por la coyuntura política y los cuestionamientos desde Casa Presidencial.
La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) reveló que el Poder Judicial obtuvo una calificación ciudadana de apenas 5,5 puntos.
A esta percepción negativa se suman los cuestionamientos que, desde Casa Presidencial, se han hecho a la labor de la institución. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Fiscales, Ronald Segura, considera que no es correcto atribuir esa valoración al Poder Ejecutivo.
“No es el discurso de Casa Presidencial lo que afecta al Poder Judicial. Esa es una justificación que no soporta el rigor de los datos”, afirmó Segura.
El presidente de la Asociación de Fiscales recordó que la pérdida de confianza no es reciente.
“En el estudio de diciembre de 2010, el Poder Judicial tenía una calificación de 7. Para octubre y noviembre de 2012 ya había bajado a 6,6. En 2014, el CIEP reportó un 6,3. En agosto de 2018, el comparativo señalaba un 6,4; en 2019 se mantuvo en 6,3 y, finalmente, en septiembre de 2025 cayó a 5,5. La pérdida viene desde 2010 y nunca volvió a repuntar”.
Por su parte, la coordinadora de Investigación del Estado de la Justicia, Evelyn Villareal, explicó que los problemas del Poder Judicial son reales, pero actualmente existen factores que los amplifican.
“Hoy esos problemas encuentran un megáfono. Todas las semanas se magnifican debilidades que ya estaban documentadas desde mucho antes. Esto se aprovecha en la coyuntura actual y sí tiene un efecto en la legitimidad de la institución”.
Villareal advirtió que esta constante exposición de fallas refuerza la percepción negativa en la ciudadanía.
“Tal vez no lo vemos reflejado en las encuestas de inmediato, pero escuchar de manera sistemática un discurso que desacredita a la institución provoca que poco a poco la gente crea que el Poder Judicial es irrelevante”.
La investigadora recordó que la baja calificación se mantiene desde hace más de diez años, cuando ya se advertía que uno de los principales problemas era la falta de confianza ciudadana.
“En el primer informe del Estado de la Justicia, en 2015, señalamos que la confianza en el Poder Judicial rondaba entre el 40 % y el 50 %, mientras que la mayoría desconfiaba. Ese indicador ha sido muy sensible a los escándalos: cuando hay casos contra la Corte, la confianza cae”.
Finalmente, Villareal recalcó que existe una responsabilidad compartida, ya que el Poder Judicial depende de las decisiones del Poder Legislativo.
“El Poder Judicial no se autorregula. Depende de las leyes y de la designación de magistraturas que aprueba la Asamblea Legislativa. Si la cúpula judicial no ha respondido con altura a los desafíos, es porque los mecanismos de nombramiento lo han permitido. Se han designado magistraturas con otros intereses y se ha permitido la reelección de personas cuestionadas. Muchas veces se le achacan al Poder Judicial decisiones que, en realidad, corresponden a la Asamblea Legislativa”.
