- El centro de la UNA advierte que una menor inversión en educación podría afectar la preparación de las próximas generaciones ante el envejecimiento de la población.
El Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA) pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa revisar los recursos destinados a educación en el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027.
La institución alerta sobre una reducción de aproximadamente ₡19.000 millones para el Ministerio de Educación Pública (MEP) en comparación con el presupuesto vigente de 2026.
El CIDE también señala el crecimiento nominal previsto para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) como parte de las decisiones que deben analizarse dentro de la discusión presupuestaria.
La preocupación del centro universitario se relaciona con el cambio demográfico que enfrenta Costa Rica. La población tiene menos nacimientos y una mayor esperanza de vida. Según las proyecciones citadas por el CIDE, para 2050 cerca de una de cada cuatro personas tendrá 65 años o más.
Ante este escenario, la institución considera necesario fortalecer la formación de las nuevas generaciones. El objetivo es que exista una población trabajadora con mayores niveles de educación, preparación y productividad.
Menos recursos para programas de equidad
El CIDE también cuestiona la reducción prevista para los Programas de Equidad del MEP, que financian servicios como alimentación, transporte y otros apoyos para estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad.
La estimación señala una disminución de ₡2.382 millones respecto al presupuesto de 2026.
El centro considera que estos recursos tienen especial importancia ante las condiciones que enfrentan algunas comunidades, entre ellas pobreza, violencia y presencia del narcotráfico y el crimen organizado.
Menos estudiantes no significa menos inversión
Para el CIDE, la disminución de la cantidad de estudiantes por la baja natalidad podría utilizarse para mejorar la calidad educativa.
La institución plantea aprovechar las cohortes más pequeñas para reducir el tamaño de los grupos, aumentar la atención individual y reforzar el acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje.
El centro también identifica retos en distintos niveles educativos.
En primera infancia, señala una cobertura limitada de servicios educativos y de cuido para menores de tres años. Según el CIDE, ampliar estos servicios podría favorecer el desarrollo infantil y facilitar la incorporación de más mujeres al mercado laboral.
En primaria persisten dificultades en áreas como lectura, escritura y comprensión. En secundaria, el centro apunta a problemas de permanencia y aprendizaje, además de rezagos en matemática, ciencias y lectura.
Para la educación superior, plantea aumentar la formación técnica y universitaria en áreas relacionadas con las necesidades futuras del mercado laboral, especialmente en campos científicos, tecnológicos y profesionales.
El envejecimiento también plantea un reto económico
El CIDE sostiene que una población más envejecida tendrá una proporción menor de personas en edad de trabajar. Por esa razón, considera necesario aumentar las capacidades de quienes integrarán la fuerza laboral en las próximas décadas.
La institución plantea que una mayor formación puede contribuir a mejorar la productividad, los ingresos laborales y la capacidad de financiar servicios públicos y sistemas de protección social.
El centro reconoce la necesidad de mantener unas finanzas públicas sostenibles y atender la deuda del Estado. Sin embargo, considera que las decisiones fiscales también deben valorar su impacto sobre la capacidad futura del país para generar ingresos y sostener sus servicios.
CIDE pide diálogo sobre inversión educativa
Ante este panorama, el CIDE solicita un diálogo entre el Gobierno, diputados, sector educativo, organizaciones sociales, sector productivo, comunidades y otros actores para definir una estrategia de inversión social y educativa de largo plazo.
También pide proteger los recursos destinados a primera infancia, niñez, adolescencia y juventud, así como fortalecer la inversión educativa desde la primera infancia hasta las universidades públicas.
La institución considera que la transición demográfica puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad de la educación y no únicamente en una razón para reducir el gasto.
