La prohibición del ingreso de tráileres de 12 metros o más al casco central de Turrialba, aprobada por el Concejo Municipal, desató un enfrentamiento con el MOPT y mantiene en alerta al sector transportista que utiliza la Ruta 10 como vía alterna hacia el Caribe.
En la última semana, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Concejo Municipal de Turrialba se han enfrascado en una discusión que mantiene en incertidumbre al sector transportista que se dirige hacia el Caribe del país.
El ente municipal aprobó una moción para prohibir el ingreso de camiones articulados con una longitud igual o superior a 12 metros al casco central del cantón cartaginés. Según argumentan, el tránsito de tráileres pone en riesgo la integridad de los vecinos, ya que las vías no están diseñadas para este tipo de transporte pesado.
Municipalidad defiende decisión basada en estudio técnico
En entrevista con Columbia, el alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, aseguró que la decisión se fundamenta en un estudio de Ingeniería de Tránsito del propio MOPT, realizado en 2021.
Según explicó, dicho informe señala que los radios de giro en el centro de la ciudad no permiten el tránsito seguro de camiones articulados de gran tamaño, lo que provoca que invadan carriles, se suban a las aceras y pongan en riesgo a peatones y conductores.
“Los mismos camioneros deberían estar apoyando esto, porque es para proteger la vida no solo de los peatones, sino también de los conductores y para tener mejores condiciones en la ruta que ellos mismos utilizan”, afirmó el alcalde.
Hidalgo añadió que en la zona se registran constantemente colisiones, vuelcos y otros accidentes, por lo que el Concejo Municipal avaló la recomendación técnica con el fin de resguardar la vida de las personas.
MOPT califica medida como “irresponsable”
Por su parte, el ministro del MOPT, Efraím Zeledón, calificó la medida como populista e irresponsable, y aseguró que un gobierno local no tiene competencia para prohibir el tránsito en rutas nacionales.
El jerarca enfatizó que la Ruta 10 es una vía nacional y que su regulación corresponde exclusivamente al Ministerio. Además, señaló que Turrialba no cuenta con policía municipal de tránsito, por lo que la medida no tendría cómo implementarse sin apoyo del MOPT.
Zeledón confirmó que existe un estudio integral sobre el tema, pero indicó que la municipalidad tomó únicamente una parte de las recomendaciones sin contemplar el resto de las acciones necesarias. Agregó que ya se respondió por oficio que el Ministerio no destinará recursos para aplicar esa disposición.
Sector transportista espera directrices del MOPT
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Transportistas, Francisco Tencio, aseguró que el sector se apegará a las disposiciones oficiales del MOPT.
Indicó que la Ruta 10 continúa habilitada y que es una vía alterna a la Ruta 32, especialmente relevante en caso de cierres en el sector del Zurquí.
“Hasta no tener una disposición contraria, la ruta 10 sigue siendo una ruta de paso”, señaló.
Por su parte, el director ejecutivo de CADEXCO, Carlos Díaz Cantero, indicó que comprenden que la medida busca resguardar la seguridad ciudadana, ya que se basa en un estudio técnico sobre las limitaciones geométricas en las intersecciones del casco central.
No obstante, hizo un llamado a impulsar soluciones integrales que no comprometan la competitividad del país, como el desarrollo de infraestructura estratégica, entre ellas el tren de carga.
Diputado pide intervención y presidenta electa revisará situación
En la reunión de jefes de fracción con la presidenta electa, realizada la semana anterior, el diputado turrialbeño Alejandro Pacheco solicitó la intervención de la Ruta 10 como parte de las soluciones.
El legislador advirtió que, si se restringe el paso por Turrialba y eventualmente se presenta un cierre en el Zurquí, la producción nacional podría enfrentar serios problemas.
Ante esto, la presidenta electa Laura Fernández aseguró que tomará nota de la situación y que conversará con el ministro del MOPT y el alcalde de Turrialba para analizar si la intervención de la ruta está contemplada en algún plan de inversión o qué acciones podrían implementarse.
La polémica continúa abierta, mientras el sector productivo y transportista se mantiene atento a una definición oficial que brinde certeza sobre el tránsito hacia el Caribe.
